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PAC

El reparto de las ayudas de la PAC vuelve a escena con la 'revolución' propuesta desde Aragón

El Departamento de Desarrollo Rural propone una reforma “radical” ligada a la renta de los agricultores. Los sindicatos agrarios comienzan a posicionarse.

Víctor Millán. Zaragoza 02/03/2016 a las 06:00
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Campo de cereal de la comarca de la Hoya de HuescaDoblestudio


El debate sobre el reparto y la aplicación de los fondos de la Unión Europea en materia agraria vuelve a abrirse de la mano de la reforma propuesta por la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Un plan ambicioso y “radical” según las palabras del propio consejero Joaquín Olona que llega pocos meses después de que la última revisión de la PAC tocara tierra -con retrasos en los pagos incluidos-, dejando por el camino múltiples polémicas como la situación de toda la provincia de Teruel, las “injusticias” denunciadas por muchos agricultores a la hora de repartir las ayudas en función de referencias históricas o los problemas burocráticos que ha ocasionado su puesta en marcha.

El plan preestablecido por el Gobierno de Aragón, que afronta una posición pionera al ser la primera autonomía que intenta tramitar un cambio tan profundo en lugar de partir desde Bruselas o del Ministerio, marca su hoja de ruta en tres factores fundamentales: vincular el reparto de fondos a la renta de los agricultores, derogar las referencias históricas, y eliminar también la separación por estratos o territorios que daban lugar a que algunas zonas (como la provincia turolense) recibieran menos dinero por los mismos cultivos que se pueden encontrar en otras regiones a tan solo unos cientos de metros de distancia en algunos casos.

Aunque la propuesta fue lanzada oficialmente por la Consejería a finales de la semana pasada y aún está en una fase preliminar -de hecho lo que se busca es prepararse para los cambios que Europa podría introducir a partir de 2020- los sindicatos agrarios y las distintas organizaciones comienzan a sacar ya las primeras conclusiones de la documentación que les ha remitido el ramo de Agricultura, con distintos matices y opiniones.

Mucho dinero con muchas opciones sobre cómo repartirlo


La PAC supone aproximadamente el 35% de todo el presupuesto comunitario. Entre 55.000 y 60.000 millones de euros destinados no solo a las ayudas a la agricultura, sino también al desarrollo rural, de los que algo más de 500 millones van a parar a Aragón cada año.


Es precisamente ahí, en la cantidad de dinero que mueve la PAC (que aproximadamente supone unos dos euros a la semana para cada contribuyente europeo) y los rumores a veces infundados y otros con razón sobre su mal reparto, donde se centra el debate desde la ciudadanía, que en los últimos años ha visto este reparto de ayudas como una mala política. Algo que ha sido muchas veces desmentido por la UE con campañas en las que se ponía el foco sobre sus beneficios, que fundamentalmente se asientan en compensar las rentas de los agricultores europeos (mucho más bajas que en otros sectores al competir con los precios de alimentación de países menos desarrollados) y utilizar este mecanismo para controlar también la producción bajo la política sanitaria que marca Bruselas, una de las más estrictas del Mundo.


La propuesta lanzada desde Aragón pone precisamente la renta agraria (declarada vía IRPF) como el principal factor a tener en cuenta en un reparto. “La proposición incluye a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión, y se modula mediante algunos factores correctores: grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma” explicaron desde el Gobierno de Aragón, que pretende con esto rehusar de los pagos por hectárea, los derechos históricos y la regionalización por estratos que hoy marcan el reparto de fondos; propósito para el que necesitará contar con el apoyo del Ministerio primero -con el que ya se mantuvo la semana pasada una reunión con la ministra en funciones- otras autonomías, y de la propia Unión Europea.

“Que se abra el melón es positivo”


A priori, todas las organizaciones agrarias parecen coincidir -con sus matices- en que es positivo que Aragón tome la iniciativa para abordar una posible reforma de la PAC de cara a 2020. “Teniendo en cuenta lo que nos pasó en la actual reforma, que cuando nos pusimos aquí a debatirla en Francia y otros estados ya la tenían cerrada, es positivo que nos pongamos a hablar ya”, señala José Manuel Penella, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, organización que ha pedido en varias ocasiones que se fijen mecanismos para primar al agricultor en función de su labor profesional así como el fin de las referencias históricas más sangrantes.

Sin embargo, desde la Uaga matizan que, “a fecha de hoy, y con todo aún por abordar”, hay que ver “muy bien cómo puede afectar poner la renta como referencia principal una vez que esta reforma tocara terreno”, en referencia a las muy diversas explotaciones y cultivos que hay en Aragón. “Estamos trabajando en diversos supuestos para ver cómo podría afectar a distintas clases de agricultores, pero valoramos muy positivamente buena parte de los cambios que se han planteado porque la PAC actual sigue siendo una herencia de la que había hace 25 años, y el mundo agrario ha cambiado mucho desde entonces”, señala Penella.

Desde Asaja, su portavoz Fernando Luna explica que su organización va a estar en todas las negociaciones que se le planteen con el fin de abordar mejoras en la PAC, aunque explica que entiende “que una reforma de este tipo puede ser muy complicada de llevar a cabo”, también en referencia a los distintos supuestos que se pueden dar. “Pueden darse situaciones donde agricultores y ganaderos que ahora tampoco reciben demasiado de la PAC salgan perjudicados, y eso tampoco sería positivo”, señala.

Por su parte, desde la Unión de Pequeños agricultores de Aragón, su secretario General José Manuel Roche incide en que “que se abra este debate desde el punto de vista institucional nos da la razón a los agricultores que llevamos años hablando de que esta PAC es injusta y está mal repartida”, aunque también señala que el camino para que se pueda llevar a cabo “no va a ser sencillo”.

El caso de Teruel


La situación de la toda la provincia turolense, encuadrada toda ella en los estratos más bajos de pagos, es quizá el motivo que ha llevado al Ejecutivo a plantear esta reforma.

El problema de Teruel viene de lejos, sin embargo, en la última reforma tampoco se consiguió solucionar. Su origen está en el actual sistema de repartir parte de las ayudas por comarcas agrarias que sitúan a los cultivos de secano turolenses entre los que menos ayudas recibirán, lo que ha provocado la indignación de los agricultores de la provincia, que tachan al modelo propuesto para el próximo lustro como “poco solidario” tanto entre las mismas provincias aragonesas, como entre el conjunto de España. Como resultado, la ayuda base que reciben los cultivos de secano de Teruel es de entre 70 y 80 euros por hectárea, un importe muy alejado de la media aragonesa, que en la actual PAC supera ligeramente los 99 euros.

Pese a esto, la nueva propuesta aragonesa no ha conseguido calmar los ánimos de los agricultores turolenses, que este mismo martes protestaron ante el Departamento en Zaragoza. “Necesitamos una solución rápida, no esperar hasta 2020, por no hablar de que hay que ver cómo afectaría una reforma de este tipo”, señala José Manuel Cebollada, uno de los portavoces de Agrigate, la asociación de agricultores de la provincia, y también representante de Asaja en Teruel.

De los 'agricultores de sofá' al debate sobre las referencias históricas


El otro punto sobre el que pivota la reforma aragonesa pasa por eliminar las referencias históricas, derechos de pago adquiridos por los agricultores que siguen siendo disfrutados por jubilados, personas que arriendan la tierra o antiguos agricultores y ganaderos que ya se han desecho de sus explotaciones.

Fran Aisa, representante en la Jacetania de Uaga, fue uno de los damnificados por este mecanismos “perverso” para muchos. “Yo compré ovejas pero no adquirí los derechos porque entendía que la nueva reforma los eliminaría. Algo que no sucedió. El resultado es que a día de hoy yo sigo manteniendo las ovejas sin ayuda alguna mientras la persona a la que se las compré está disfrutando de los derechos que aún mantiene aunque ya no trabaje en el campo”, explica este treintañero, que advierte de que de mantenerse así es posible que se plantee dejar el ganado.

Aún con todo, la figura del 'agricultor de sofá', auspiciada porque grandes familias de terratenientes y empresas, sobre todo en el sur de España, reciben importantes ayudas según los datos que hizo públicos el año pasado la Unión Europea para aportar precisamente más transparencia, “no es común” en Aragón, según señalan desde la DGA, donde para elaborar su informe han obtenido datos de Hacienda y otras administraciones, debido, principalmente, a que en el mundo rural aragonés prevalecen las explotaciones de tamaño medio y pequeño.







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