La Cámara de Cuentas dice que la DGA dejó sin contabilizar 80 millones en 2013
El órgano señala que estas facturas computan déficit pero que no ha podido "evidenciar" si se tuvieron en cuenta.
El dictamen confirma que el Gobierno de Rudi destinó 75,4 millones del Plan Impulso a pagar nóminas.
Hay que recordar que fue 2013 el primer año en el que Rudi incumplió el objetivo de déficit, pese a los recortes que había aplicado, y abrió una batalla con el Ministerio de Hacienda por las discrepancias en el sistema de contabilidad. Tal fue el enfrentamiento con el ministro responsable, Cristóbal Montoro, que la DGA amenazó con interponer un contencioso administrativo al Gobierno central.
Finalmente, el desfase entre ingresos y gastos de ese ejercicio fue superior incluso a la cifra inicial y frente al 2% calculado (el límite era 1,3%) acabó en el 2,18% del PIB. Y precisamente esa diferencia que se traduce en 52 millones podría corresponderse con las facturas sin contabilizar del Salud.
Esta es una de las conclusiones del informe que el órgano fiscalizador hizo público ayer y que había retrasado para no interferir en la campaña electoral. No obstante, se divulgó apenas una semana antes de la previdible investidura del nuevo presidente de Aragón. Asimismo, en el documento se constata que la DGA recurrió con asiduidad a la cuenta 409 la conocida como facturas en los cajones. En 2013, esta cuenta acumulaba 41 millones (hay que sumar los 153 del Salud y los 13,3 del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución) y la Cámara señala que existe "bastante retraso en la imputación presupuestaria de estos gastos", ya que hasta el tercer trimestre de 2014 solo se habían reconocido 15,22 millones.
No son las únicas deficiencias contables detectadas. La morosidad, que ha comenzado a corregirse gracias al plan de facilidad financiera puesto en marcha este año, sigue siendo una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo autonómico. En concreto, en 2013, el periodo medio de pago de la Comunidad fue de 182 días en gasto corriente y 142 en inversiones, frente a los 30 previstos legalmente. Las mayores demoras se acumularon en sanidad y servicios sociales.
Otro de los aspectos señalados tiene que ver con el aprovisionamiento por insolvencias declaradas para cobrar. Según la Cámara, está infravalorada en 170 millones. Respecto al endeudamiento, la Cámara cifra en un 30% el aumento del endeudamiento interanual. No obstante, señala que la deuda por habitante es inferior a la media nacional. En 2013, se situó en 4.031 euros por habitante frente a los 4.527 de la media de España.
El informe mantiene además sus conclusiones sobre el proyecto estrella del Ejecutivo de Rudi para reactivar la economía, generar empleo y mejorar la protección social, el Plan Impulso. De hecho, no ha incorporado ninguna alegación de la DGA y reitera que el Ejecutivo incumplió el Estatuto, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de Hacienda de la Comunidad al destinar 137,18 millones (de los 190 que se autorizaron como endeudamiento para dar cobertura al plan) a pagar gasto corriente. Estas normas establecen que los fondos captados por endeudamiento solo pueden dedicarse a inversión.
