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La estación de buses dispara sus pérdidas al ser obligada ahora a reforzar su seguridad

El director señala que es la terminal con más policías y vigilantes de España y amenaza con devolver la concesión al Ejecutivo autonómico. La Delegación del Gobierno exige un profesional en el centro de control.

Jorge Alonso. Zaragoza Actualizada 08/07/2015 a las 07:22

El director general de la estación de autobuses de Zaragoza, Íñigo Laín, advirtió ayer de que las pérdidas se van a disparar tras la exigencia de la Delegación del Gobierno en Aragón de incrementar su seguridad, que podría hacer inasumible su explotación. Laín manifestó que en los dos últimos ejercicios ya han tenido que despedir a dos de los quince trabajadores de plantilla, que se podrían incrementar ahora y acabar con la renuncia a la concesión del Ejecutivo autonómico.

Esta decisión se discutirá en el próximo consejo de administración de la estación central de autobuses de Zaragoza S. A., en la que la DGA participa con un 15% y de la que forman parte las principales operadoras, que se celebrará en un plazo máximo de quince días. Las pérdidas de 2014 ascendieron a 165.000 euros y el coste anual añadido de tener un vigilante para supervisar las 51 cámaras del complejo las incrementarán cerca de un 60%, al suponer un gasto extra de 100.000 euros al año.

El director fue categórico al asegurar que se trata de la terminal con más policías y vigilantes de España y recordó que fue la propia Policía la que autorizó reducir la presencia de dos a un vigilante por turno en 2009 ante el reducido nivel de incidencias registradas desde su apertura a mediados de 2007. "Ni en la época de mayor afluencia de pasajeros, en 2008 y 2009, con la amenaza islamista así como la de ETA, la Subdelegación del Gobierno consideró necesario aumentar no solo nuestros efectivos de vigilantes, ni siquiera los de la Policía Nacional", alegó.

Solicitud de amparo al Justicia

Íñigo Laín recordó que los gastos de la instalación se sustentan, fundamentalmente, por una tasa por pasajero y autobús que utiliza la estación, pero estos ingresos se han reducido de forma drástica, "alrededor de un 50%", como consecuencia de la crisis. De hecho, añadió, la caída de ingresos en el último año y medio ronda los 400.000 euros. Ante esta situación, el director se reunió ayer con el Justicia de Aragón para solicitar su amparo tras solicitarlo sin éxito al delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, hace un año.

La exigencia de la Subdelegación del Gobierno se remonta a finales del año pasado, tras la incorporación de un nuevo responsable del sector Móvil de la Policía, que tiene sus dependencias en la estación intermodal de Delicias. A raíz de un incidente con un viajero que llegó en estado de embriaguez y protagonizó un altercado, se hicieron varias inspecciones a las dependencias y se constató que en el centro de control no había un vigilante supervisando en todo momento las imágenes.

En un principio se requirió a la estación de autobuses a triplicar la dotación de seguridad, pasando de uno a tres vigilantes durante las 24 horas del día, al considerarse que un solo profesional era "insuficiente". Y se argumentó que lo era tanto para visionar las cámaras como para realizar patrullas por las dársenas y zonas comunes "a fin de garantizar la integridad física de los viajeros, trabajadores y visitantes de la citada estación".

El subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val, manifestó que tras las alegaciones presentadas por la estación se redujo la exigencia del refuerzo a un vigilante extra desde las seis de la mañana hasta medianoche. De esta forma, explicó, se garantizará que haya en todo momento un profesional en el centro de control supervisando las cámaras.

Seguridad y derechos

Ángel Val no quiso entrar a valorar por qué la Policía autorizó en su día reducir la seguridad privada, pero sí defendió que en el centro del control haya siempre un vigilante. "Lo que se plantea es absolutamente racional. No autorizamos a ningún municipio la instalación de cámaras de videovigilancia si no hay al frente Policía Local o vigilantes. Es una actividad que afecta a derechos de las personas, como la intimidad", dijo.

El subdelegado del Gobierno incidió en que tan solo se ha requerido finalmente que un vigilante se encargue de patrullar por las dependencias y otro se haga cargo de las cámaras, ya que el que había ahora difícilmente podía compatibilizar ambas tareas. Además, subrayó que la Policía destinada en la estación intermodal no pueden hacer las funciones de vigilantes de seguridad "ni está para resolver problemas privados de la estación".

El director de la terminal, que ya reforzó hace una semana la seguridad tras ver rechazado su último recurso de reposición, sostiene que las cámaras "no tienen como función específica la seguridad de las instalaciones". Así, explicó que su objetivo primordial es comprobar el estado de las instalaciones, el control de acceso de los autobuses "o el control de las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos".







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