La decisión de resolver la polémica adjudicación de la residencia de mayores ha provocado un fuerte enfrentamiento entre los socios del tripartito que gobierna en Caspe. El PAR cree que la rescisión del contrato con la Fundación para el Desarrollo Social –una entidad vinculada al Partido Aragonés– sería "una solemne estupidez", adelanta que votará en contra y denuncia "los tejemanejes" de Compromiso Por Caspe (CPC). Por su parte, esta formación acusa a los aragonesistas de "clientelismo" y de hacer "política rastrera". Mientras, el PP calla –este periódico intentó hablar con la alcaldesa, Pilar Herrero, pero ni cogió el teléfono ni devolvió las llamadas–.

Así las cosas, todo apunta a que en el pleno de hoy se acordará hacer caso al informe jurídico de la secretaria y estimar el recurso administrativo que la empresa Vitalia Plaza presentó contra la decisión de encargar la gestión de la residencia a la Fundación para el Desarrollo Social. Además, en la sesión podría votarse un segundo dictamen elaborado por un asesor legal del Ayuntamiento que recomienda resolver el contrato con la adjudicataria por incumplimiento.

Desde la oposición, tanto el PSOE como CHA confirmaron ayer que apoyarán ambos informes, lo que sumado a los votos de CPC garantiza que el pleno aprobará rescindir la adjudicación de la residencia. Además, parece claro que el PP también secundará la decisión, lo que dejará solo al PAR en la defensa de la Fundación para el Desarrollo Social.

La adjudicación definitiva se aprobó en abril de 2014, pero el centro aún no se ha abierto. A pesar de eso, ayer el concejal del PAR y delegado de la residencia, Carlos Alastuey, sostuvo que resolver ahora el contrato sería "una solemne estupidez". "Todo el trabajo de estos dos años no servirá para nada, y yo lo que quiero es que se abra cuanto antes", defendió el edil aragonesista, que se mostró en desacuerdo con los informes que recomiendan la rescisión y aseguró que los juristas que los redactaron "han sido aleccionados".

Siguiendo esa tesis, Alastuey achacó el contenido de esos dictámenes a "los tejemanejes" del líder de CPC, Javier Sagarra, a quien acusó de "girar las velas a dos meses de las elecciones" y de "querer hacer político en vez de defender los intereses de los vecinos de Caspe". Aunque los aragonesistas votarán en contra de la rescisión, su concejal aclaró que el pacto de gobierno se mantiene.

Las duras declaraciones de Alastuey tuvieron una respuesta igual de contundente de Compromiso por Caspe. Sagarra denunció el "clientelismo feroz" del PAR. "De sus concejales no tengo nada que decir, pero hay miembros de la ejecutiva local y comarcal que están venga ofrecer puestos de trabajo en la residencia, y eso a nosotros nos provoca náuseas", destacó el líder de CPC, para quien el PAR está haciendo "política rastrera" con la residencia.

"Defienden a la Fundación para el Desarrollo Social cuando ha quedado demostrado que no tienen ninguna voluntad de abrirla", aseguró Sagarra, que considera que la puesta en marcha del servicio de comedor ha sido "un paripé" y que si el PAR vota en contra de la rescisión será "porque hace lo que le manda la fundación". "A nosotros nos da igual quién gestione la residencia, lo que no aceptamos es que se incumpla la ley o que se tome el pelo al Ayuntamiento de Caspe", subrayó el líder de CPC.Un nuevo retraso

Sagarra admitió que la resolución del contrato supondrá un nuevo retraso para este equipamiento pendiente desde hace casi 30 años, pero sostuvo que no será necesario volver a convocar un concurso –la gestión recaería en Vitalia Plaza– y además defendió que la actual adjudicataria sigue estando obligada a abrirla. "El proceso de rescisión será largo, si de verdad quieren ponerla en marcha pueden hacerlo", señaló.

Desde la oposición, la concejal del PSOE Pilar Mustieles destacó que lo sucedido con la adjudicataria de la residencia "se veía venir y se debe a lo mal que se han hecho las cosas desde el principio". "Nosotros lo denunciamos, pero sabíamos que la elegida iba a ser la entidad vinculada al PAR... y no somos adivinos", dijo con ironía.

En este sentido, Mustieles sostuvo que en su día el PSOE rechazó un pacto de gobierno con el PAR porque esta formación le exigió "la adjudicación directa de la residencia a la Fundación para el Desarrollo Social". "Estamos convencidos de que esa fue una de las razones de la moción de censura", insistió la edil, que reclamó "que la residencia se abra cuanto antes pero siempre cumpliendo la ley". El concejal de CHA, Rafael Lumbreras, también sostuvo que ha habido "una mala gestión" de la residencia "desde el principio". "Ahora vamos a pagar las consecuencias", criticó.