La Fiscalía sentará en el banquillo de los acusados al exalcalde de Abanto, José Ormad Ballano, al exsecretario municipal José Luis T. T. y a los empresarios Ángel Julián N. I. y Eduardo A. H. Los primeros están acusados de un delito de prevaricación administrativa por haber otorgado, sin tener competencia para hacerlo, todo tipo de permisos y licencias para que los segundos pudieran explotar una cantera en el monte público de esta localidad de la comarca de Calatayud. Por ello, solicita una condena de ocho años de inhabilitación para el exedil y el exsecretario, mientras que a los empresarios los acusa de un delito contra la ordenación del territorio y reclama para ellos un año de cárcel y 4.500 euros de multa. A estos últimos les exige además que devuelvan el terreno a su situación original y corran con los gastos que esto genere. Para ello, les exigió ya en su día una fianza de 6.000 euros.

Los hechos que se juzgarán se remontan a 2000, cuando la mercantil Canteras Abanto S. L., dirigida por los acusados Ángel Julián N. I. y Eduardo A. H., se propuso explotar una mina en el municipio. Para hacerlo, se pusieron en contacto con el alcalde de entonces, José Ormad, el cual era partidario de que se iniciara esta actividad por los beneficios que pudiera aportar para el pueblo. Por eso y sin que el secretario municipal pusiera objeción alguna, otorgó la licencia para que la empresa hiciera los trabajos de campo, algo que, como mantiene el fiscal, es competencia de la Diputación General de Aragón.

Igualmente, un tiempo más tarde y dadas las necesidades de agua que tenía la empresa para la explotación de la mina, el alcalde le concedió un permiso para excavar un pozo. En opinión de la Fiscalía, el edil tampoco estaba facultado para hacer esto, puesto que la competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que no tuvo conocimiento de las pretensiones de Canteras Abanto S. L.

La documentación para otorgar este permiso fue supervisada por el secretario municipal José Luis T. T., que ostentaba tal condición sin tener la habilitación para ello ya que, por el reducido número de habitantes (unos 130) no es un requisito imprescindible y había sido nombrado por el pleno del consistorio.Monte de protección especial

En 2005, La empresa Canteras Abanto S. L. se transformó en Explotaciones Abanto S. L., aunque seguía siendo de los mismos promotores. El fiscal recoge en su escrito que como le convenía continuar con la actividad minera, construyó un edificio de unos 90 metros cuadrados de superficie, un cubeto para contener una cisterna y otras edificaciones "sin solicitar licencia municipal ni autorización administrativa que amparase su actuación". Para el representante del Ministerio Público, esto es algo que debería haberlo hecho no solo porque el terreno utilizado constituye una parte del monte de utilidad pública, propiedad del municipio de Abanto y de protección especial, sino también porque estos terrenos están incluidos en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario para preservar las especies de flora u fauna características de la zona.

Por eso, recuerda que en el desarrollo de la actividad minera de la empresa se cometieron numerosas infracciones e irregularidades administrativas que fueron calificadas como graves en el expediente sancionador que se abrió al efecto y se propuso una sanción de 60.000 euros. No obstante, los servicios de protección de la naturaleza constataron que no se ha llegado a afectar a la flora y la fauna de manera estimable.

Durante la instrucción de esta causa llegaron a estar imputadas cuatro personas más pero el fiscal solicitó el archivo de las actuaciones contra ellos al no apreciar indicios de delito, lo que acordó la juez de Daroca.