La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Ámbito y Adiego Hermanos intentó destruir pruebas que pudieran implicarle en el grave episodio de contaminación del río Gállego por lindano durante el traslado de residuos tóxicos de Inquinosa a la nueva celda de seguridad de Bailín (Sabiñánigo), que se prolongaron desde mayo a octubre pasado y que, según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, estuvieron plagadas de "acciones negligentes e imprudentes"cometidas por todas las partes involucradas en el proyecto, incluido el Gobierno de Aragón como promotor de los trabajos.

Así consta en los informes del Seprona remitidos al Juzgado de Instrucción nº 1 de Jaca, que dirige la investigación abierta por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Según las indagaciones realizadas hasta ahora, la UTE encargada del desmantelamiento tendría sobradas razones para haber tratado de "eliminar con ánimo de ocultación"tierras depositadas tanto en los alrededores del vertedero como en el barranco de Bailín, que durante meses vertió agua con elevadas concentraciones del pesticida al río Gállego. Esas maniobras se realizaron "en varias ocasiones", relatan los agentes. La primera vez fue tras comprobar la alta carga contaminante del material, que contenía 1 gramo de lindano por kg de tierra. La operación se volvió a repetir "tras advertir la presencia"del Seprona, ante la posibilidad de que los agentes obtuvieran muestras para su análisis.

Pero las tierras contaminadas esparcidas por el vertedero y su entorno eran solo una muestra más de las numerosas deficiencias que los guardias pudieron constatar a través de sus distintas inspecciones a la zona y del examen de diversa documentación.

De todo ello concluyen, y así se lo han hecho saber al juez, que la contaminación del barranco de Bailín y, por consiguiente, del río Gállego, se debió a "la suma total"de los efectos producidos "por las irregularidades generadas y anomalías existentes"durante el desarrollo de los citados trabajos. El Seprona considera que la responsabilidad de esas "negligencias e imprudencias"se extiende desde el la propia DGA a la UTE que ejecutó las obras, pasando por la empresa pública Sarga, que se encargó de la dirección facultativa.

Entre esas conductas que condujeron al desastroso resultado final, los agentes destacan la ausencia de previsión ante la compleja labor de retirar "un residuo tóxico altamente contaminante"y la "falta de observación y aplicación eficiente de medidas correctoras y de seguridad"ante la lluvia o el viento y ante los efectos que estas condiciones podían causar por la orografía singular de la zona. Y a ello se suma, según advierten los informes policiales, "la irresponsabilidad y falta de cumplimiento estricto"de los controles que marcaban los protocolos fijados previamente y la autorización ambiental, que concedió el Inaga, dependiente del propio Gobierno aragonés.

Y es que a tenor de las averiguaciones, Sarga "reiteraba de forma continua a la UTE las indicaciones y solicitudes por la inobservancia"de sus obligaciones, pero "no se transformaban en órdenes vinculantes". Las empresas alegaban "falta de personal"y la dirección de obra también constató su "falta de medios". Además, se primó el cumplimiento de los plazos sobre la seguridad, según los agentes, que encontraron en sus inspecciones escorrentías contaminantes procedentes de un tubo localizado en el exterior del recinto, otros de origen y recorrido desconocidos, una tajadera cerrada con escayola que vertía al barranco, cañones de niebla seca que no se usaban...

Aunque la DGA siempre ha sostenido que se cumplieron todas las prescripciones, ayer anunció "un estudio minucioso", tras la información sobre estas irregularidades que publicó ‘Diario Aragonés’. Por su parte, CHA pidió explicaciones al consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, ante las "gravísimas"conclusiones apuntadas por la Guardia Civil.