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Aragón

​Los transportistas exigen 26 millones al Estado por el céntimo sanitario ilegal.

El Ministerio de Hacienda ya ha empezado a devolverles el importe de la primera reclamación, de seis millones.

Carlos Larroy 17/01/2015 a las 02:00
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Jessica Peco, gerente de una empresa transportista que reclama de momento 50.000 euros.A. Alcorta

Aragón nunca ha aplicado el céntimo sanitario. Pero cualquiera que repostara aquí sí pagaba la parte del impuesto que corresponde al Estado. Este tributo sobre la gasolina tiene dos tramos: el autonómico (que es el que no utiliza la DGA y que deja el carburante aragonés entre los más baratos del país) y el estatal (de 2,4 céntimos por litro, que se abona obligatoriamente en todo el país, incluido en Aragón). Por ello, la sentencia del Tribunal Europeo que declaró ilegal este impuesto hace casi un año también beneficia a los transportistas aragoneses, que están reclamando los 2,4 céntimos por litro que pagaron de más entre 2002 y 2012. De hecho, solo la asociación Tradime, que engloba a 2.000 vehículos (de autónomos y pequeñas empresas), está exigiendo 26 millones al Gobierno. De ellos, seis ya los han solicitado y Hacienda ha empezado a devolvérselos en las últimas semanas.

El hecho de que se haya dividido la reclamación en dos partes (una de seis millones ya efectuada y otra de 20 que se va a poner en breve) se debe a razones administrativas. El Tribunal Europeo declaró ilegal todo el céntimo sanitario cobrado en España entre 2002 y 2012, pero las leyes españolas indican que lo anterior a 2010 no se puede solicitar porque ha prescrito. Por esta razón, los transportistas ya hicieron su reclamación correspondiente al periodo 2010-2012, valorada en dichos seis millones. Y el Ministerio de Hacienda, pese a las reticencias iniciales que casi acaban en una huelga del sector en noviembre, se ha comprometido a pagar el 80% de las solicitudes antes de que acabe este año y el resto, en 2015.

María José Pardo, gerente de Tradime, apunta que el Estado ya ha empezado a devolver este dinero a autónomos y empresas aragonesas, si bien no de una forma uniforme. Explica que hay compañías que han cobrado el 100% y otras que por el momento no han recibido nada. Pone el ejemplo de una empresa aragonesa que solicitó por esos tres años 100.000
euros y a la que Hacienda solo ha abonado por ahora 25.000. Por ello, continúan expectantes para ver si finalmente el Estado cumple su compromiso.


Sin embargo, los transportistas aragoneses, que acumulan una pérdida de carga de trabajo del 40% desde que empezó la crisis, van a seguir peleando para que les devuelvan todo el impuesto que pagaron entre 2002 y 2009, el que teóricamente ahora está prescrito. Tienen absoluta confianza en que van a ganar, ya que el propio Tribunal Europeo dice en la sentencia que los afectados podían recurrir a la figura legal de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, al haberse infringido el derecho de la Unión Europea. Según Pardo, esta figura se utiliza cuando las normas aprobadas por un Gobierno, que luego han sido declaradas ilegales por los jueces, han causado daños económicos a particulares y empresas, motivo por el que tendrían derecho a recibir una indemnización.


Sin embargo, el sector está convencido de que el Estado no va a aceptar este requerimiento por la vía administrativa –que presentarán como tarde en febrero– y, por ello, han decidido que en ese caso también utilizarán la judicial. Ya están elaborando el correspondiente contencioso.


La propia Tradime ha convocado a sus socios mañana a una reunión en la que varios expertos explicarán qué pasos deben seguir. "La asociación se está encargando del asesoramiento legal, pero cada autónomo o empresa pone la reclamación por su cuenta. Por eso, hay que explicarles las tasas y costes judiciales que pueden derivar de estas reclamaciones, si bien las cantidades que se van a pedir a Hacienda son altas. Calculamos que el coste judicial puede ser de 1.200 euros, pero sin ir más lejos, un autónomo ‘pequeñito’ reclamará más de 9.000», explica Pardo.

¿Por qué se declaró ilegal?

El céntimo sanitario fue un impuesto que creó el Gobierno de José María Aznar en 2002 supuestamente con el objetivo de que sus ingresos sirvieran para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin embargo, la realidad fue que este dinero se utilizó para partidas de lo más variado, razón por la que el Tribunal Europeo lo declaró ilegal.

No obstante, como Europa ya había avisado a España de que todo apuntaba a que la sentencia iba a prohibirlo, el Estado modificó el impuesto en 2013. Lo que hizo fue cambiarle el nombre e integrarlo en el tributo general de hidrocarburos, de forma que desde entonces –y aún en la actualidad– se sigue recaudando igual, pero habiendo subsanado lo que se declaró ilegal. Esta es la razón por la que el céntimo sanitario sigue existiendo de facto y, como Aragón continúa sin aplicar su tramo autonómico, el precio de su gasolina continúa entre los más bajos de España.







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