Financiar las autonomías sin dividir el país
La proximidad de las elecciones autonómicas en Cataluña (12 de mayo) ha intensificado las demandas entre los independentistas de una financiación singular para su comunidad, semejante al cupo vasco.
Se trata de un paso que restaría recursos no solo al sistema de financiación autonómico, sino a las arcas del Estado para sustentar políticas públicas. Además, otras comunidades podrían reclamar el mismo trato, lo que supondría instaurar un modelo fiscal confederal, insostenible para el conjunto del país y contrario a los valores constitucionales de solidaridad entre las regiones (art. 2).
La Constitución sentó en 1978 las bases para la configuración del Estado de las autonomías. En 1980, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) organizó el sistema y paulatinamente las regiones fueron adquiriendo competencias de gasto público. Desde entonces, coexisten dos sistemas: el régimen foral (País Vasco y Navarra) y el régimen común (el resto de las comunidades y ciudades autónomas). El Concierto Vasco siempre ha agitado los sentimientos de agravio comparativo en el resto del país. El cupo (lo que el País Vasco debe aportar a las arcas del Estado para compensar los servicios no transferidos) no solo atenta contra la solidaridad territorial y la igualdad de todos los españoles, sino que el método de cálculo aplicado para fijar ese cupo ha supuesto durante décadas la sobrefinanciación de una de las comunidades más ricas de España en detrimento de otras más necesitadas. Ahora, los soberanistas catalanes reclaman esa misma financiación ventajosa. El Gobierno central se niega, pero Pedro Sánchez podría darles el cupo con la excusa de que es un mal menor para evitar el referéndum. Si lo consiguen aumentará la desigualdad entre los ciudadanos españoles según donde vivan.
