Muchas veces nos acordamos de las residencias cuando truena la desgracia. En esos momentos, solemos echar la culpa a los políticos, cuando, bien mirado, todos somos responsables. 

Para facilitar el ejercicio de esa responsabilidad, propongo la creación de una entidad garante del bienestar en el interior de cada residencia, un Consejo de Familia (cualquier nombre valdría), donde estén representados los mayores residentes, las familias, los propietarios y la sociedad, para que dinamicen, controlen y participen en la calidad de vida de las mismas. No sé si existe ya algún órgano parecido, pero debería, en mi opinión, establecerse por ley, con competencias, funciones y, a ser posible, presupuesto.

Funcionarían como altavoz, asesor y colaborador en el momento de negociar quejas con la dirección. También como estimulador de las visitas familiares. Sé que la participación de los parientes es mínima, pero me consta que, si se les hiciesen propuestas, algunos parientes y allegados aportarían actividad a los centros. Así mismo, la participación en este órgano residencial constituiría una manera de involucrar a otros colectivos del barrio, (centros de mayores, asociaciones de barrio, ayuntamientos, consejos, asociaciones de mayores). Ayudaría a evitar potenciales malos tratos, aportaría propuesta de vida cotidiana, distribución de espacios, actividades, trato rutinario; serviría de espacio donde minar asperezas, negociar quejas continuadas; incluso facilitaría el trabajo de un personal potencialmente sobrecargado.

No cabe ninguna duda de que la calidad de las residencias, sean privadas o públicas, referida al número de plazas ofertadas, ratios, perfiles de los profesionales y condiciones de vida materiales, depende de la Administración, el agente fundamental que debe poner el dinero suficiente para cubrir la demanda. Algo que ahora no se cumple, ni de lejos. Sea cual sea el signo político. Sin duda alguna es cuestión de presupuesto, voluntad política.

Pero entiendo que la responsabilidad familiar no debería claudicar al depositar a nuestros mayores entre cuatro paredes. Se nos olvida que los abandonamos en manos de personas ajenas.

Nadie duda de la bondad y profesionalidad de las mismas, muchas veces con mayor vocación de cuidados que los propios familiares. No obstante, nada puede evitar que, en algunos casos, la avaricia, protocolos asesinos o las malas prácticas puedan ir en contra de la calidad de vida de los usuarios.

Como siempre la implementación de dicho órgano tal vez levantase suspicacias, pero quiero pensar que las direcciones inteligentes lo recibirán como un mecanismo para catalizar propuestas. Un animador de familias y usuarios en las dinámicas convivenciales de los centros. Los barrios y pueblos deberían verlo como una manera de velar por sus mayores, que siguen siendo sus vecinos, aunque residan en una institución colectiva. Si ese órgano lo llevase un profesional sería perfecto. Las cadenas de residencias, varios pueblos en común o algunos barrios asumirían conjuntamente su coste.

La Administración podría estimular su puesta en marcha mediante ayudas. Quizás introduciendo en las memorias de los centros la obligatoriedad de valoración del Consejo de Familia. Lo mismo a la hora de recibir subvenciones, imponiendo su existencia por ley. También podría iniciar en residencias de distintos tamaños y titularidad una investigación aplicada para valorar mecanismos de participación, objetivos, derechos y deberes, coste potencial… Sea como fuere, un Consejo familiar podría constituirse como una herramienta útil para garantizar la calidad de vida en las residencias.

Javier Casamian es sociólogo