Un paso adelante en política de vivienda
En los diversos artículos que he venido publicando desde hace tiempo sobre esta materia, he dejado constancia de que en las políticas de vivienda en España se puede observar que históricamente ha estado siempre desatendida la promoción del alquiler de viviendas, o solo tocada tangencialmente con algún tipo de ayuda fiscal.
La realidad es que en los grandes planes estatales de vivienda no habían aparecido ayudas al arrendamiento hasta el Plan de Vivienda de 2005-2008 y, de modo más decidido, en el Plan estatal de 2009-2012, que estableció ayudas a la compra o el arrendamiento.
Pero lo cierto es que no se consiguió con esos planes que las viviendas construidas fueran a parar a los sectores de población con mayor necesidad de vivienda y bajo poder adquisitivo. Estudios de aquella época cifraban en diez millones la suma de casos en que se necesitaba como solución el arrendamiento. En el momento actual el problema tiene dimensiones muy superiores como consecuencia de la desacertada política de la Unión Europea para solucionar la gran crisis generada en 2008, que ha creado una cierta recuperación económica, pero que también ha producido importantes desigualdades hasta el extremo de existir los llamados trabajadores pobres, que no pueden cubrir sus necesidades mínimas aún cuando tengan trabajo.
Una tentativa importante, aunque fracasada, fue la aprobación del Real Decreto Ley del 1 de marzo de 2019, sobre Medidas urgentes en materia de vivienda, que yo critiqué abiertamente por usar ese modo anómalo de aprobación, así como por las sospechas de su carácter partidista. Con esta norma se pudo contemplar las dificultades que existían al abordar globalmente el gran problema de alquiler de vivienda en nuestro país.
Tampoco parece que aporte soluciones reales al problema del alquiler de vivienda la Ley por el derecho a la vivienda de 24 de mayo de 2023, porque en su preámbulo daba la impresión de querer modificar la situación actual poniendo la competencia estatal por encima de la de las comunidades autónomas, si bien el texto legal parece rectificar al hacer constar en diversos artículos la afirmación de respetar en todo caso las competencias autonómicas. Sin embargo estamos ante una ley sumamente ambiciosa, imposible de resumir en un artículo, pero opino que su contenido no va a resolver el problema de alquiler de viviendas, para lo que se necesitan actuaciones reales que solamente podrán ejecutarse de acuerdo con las comunidades autónomas de cualquier color político y no mediante normas teóricas.
Aun así, es de resaltar que aborda extensamente los problemas de las zonas de mercado residencial tensionado; también es interesante la propuesta de la vivienda asequible incentivada de titularidad privada, a cuyo titular la Administración competente podrá otorgarle beneficios de carácter urbanístico o fiscal de cualquier tipo a cambio de destinarla a residencia habitual en régimen de alquiler o de cualquier otra forma a personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.
Por todo lo que antecede me ha parecido muy importante la decisión del Gobierno de Aragón de atacar parcialmente la solución del problema de alquiler de vivienda, limitándose dentro del tema del alquiler en general a un grupo de jóvenes, como explicó de un modo claro el consejero de Fomento Octavio López a HERALDO, informando del hecho de que en Aragón hay 43.000 jóvenes de entre 25 y 38 años que viven con sus padres, por lo que promover vivienda pública para ellos se ha convertido en una necesidad social y manifiesta que hay que intervenir para que salgan del nido y construyan su propia vida. Por otro lado, todos sabemos lo que significa la falta de esas posibles familias para nuestro gran problema de la baja natalidad.
Una vez definido el objetivo, el consejero pasó a explicar las soluciones previstas para los problemas de suelo edificable; que como medio de actuación se recurrirá a la fórmula de la concesión demanial o cesión del suelo para movilizar una inversión cercana a los 70 millones; que en paralelo se pretende lanzar una línea de subvenciones que se aplicará en función de las rentas que hayan de abonar los futuros inquilinos. Finalmente, adelantó en sus importantes explicaciones que con ese plan de la construcción de los 665 pisos de alquiler asequible en Zaragoza a partir del año actual se dará un gran paso en la solución del problema que se ataca. Quienes tengan experiencia real en esta materia deben advertir que "del dicho al hecho hay un gran trecho" y que por eso debe ponerse el mayor celo en la implementación de los proyectos anunciados.
Fernando Víctor Zamora Chueca es abogado y desempeñó entre otros cargos el de director general del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón
