El plan de vallar y cobrar entrada para el acceso a la plaza de España en Sevilla ha sido justificado por su Ayuntamiento en la voluntad de proteger aquel monumento, Bien de Interés Cultural, que se encuentra, como otros de la capital andaluza, masificado, y obtener así ingresos para su vigilancia y conservación. La ocurrencia es de esta semana y demuestra hasta qué punto el turismo está erosionando el espacio público en algunas de las principales ciudades españolas, tras haber arrasado la mayor parte de las costas. Novedosa, disruptiva, ha pasado bastante desapercibida, a pesar de atañer a transformaciones urbanas y sociales y a industrias muy importantes para todo este país, tan refractario a abordar las cuestiones de fondo.

En realidad, lo que está haciendo la administración municipal sevillana es dar un paso más allá, lógico, en la entrega a un modelo turístico depredador que ha ido vaciando de vecinos unos cuantos centros y cascos históricos, dejándolos en decorados de cartón piedra, con su patrimonio histórico-artístico de siglos, sus comercios, bares y restaurantes, rendidos al servicio de las visitas. Así, las ciudades dejan de responder a la necesidad que les dio origen, la de asentar población. La perversión es aún más evidente cuando se trata de una plaza: hoy, las que aún sirven de punto de encuentro, con sus bancos y sus árboles, resultan una rareza.

La idea, además, es peligrosa porque, como suele pasar con las que son malas, puede cundir el ejemplo. Aquí en Aragón, en Zaragoza y las otras ciudades, que no participan de los principales circuitos viajeros ni son polos de atracción demográfica, hablar de turismo de masas o de gentrificación suena hoy a broma, pero las tendencias perniciosas acaban llegando y otras que menoscaban lo de todo han sido replicadas, como la de anteponer los negocios de hostelería a los demás usos callejeros.