El 28 de diciembre de 1995, el Boletín Oficial del Estado publicaba el real decreto por el que se aprobaban los estatutos de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y, con ello, se creaba ésta.

Aquello fue en realidad una recreación de la histórica Academia de Jurisprudencia Práctica de la Ciudad de Zaragoza, aprobada por real acuerdo de Felipe V de Borbón, de 21 de agosto de 1733. Y a la que le concedió el título de ‘Real’ Carlos III, 39 años después, en 1772.

La llegada al poder de Felipe V supuso la supresión de las instituciones públicas de todos los territorios forales, creando un estado único bajo la organización institucional de Castilla. Realmente, ello supuso el nacimiento de España como estado único y la desaparición de los antiguos reinos territoriales. Sólo se mantuvo el Derecho civil de cada uno de ellos, aunque sin posibilidad de su desarrollo al suprimirse los órganos legislativos forales; en Aragón, las Cortes.

El Derecho foral aragonés estaba constituido entonces por los Fueros (leyes de Cortes) y las Observancias (comentarios de importantes juristas). Y aunque existían colecciones de unos y otras, eran muy poco conocidas por los profesionales llamados a aplicarlas, dada su falta de una adecuada estructuración. En medio de esa situación, nace la Academia Jurídico Práctica de la Ciudad de Zaragoza, con la principal misión de tratar de mantener el Derecho civil aragonés, dándolo a conocer a los juristas aragoneses (jueces, notarios, abogados…).

La reforma de los estudios universitarios en el siglo XIX hizo decaer el interés por la Academia, al perder ésta su principal objetivo que era la enseñanza. Tras la Guerra de la Independencia, desapareció.

La Academia actual, al igual que la anterior, trata de mantener vivo el Derecho aragonés y, al mismo tiempo, ser un complemento de su estudio en la Universidad, aportando conocimientos jurídicos a los profesionales del Derecho a través de las conferencias, los discursos y los debates que frecuentemente celebra la institución en su sede del Colegio Notarial de Aragón. Una aportación que, además, trata de incentivar el estudio de los juristas jóvenes (menores de 35 años) mediante los premios que anualmente se programan.

Recientemente, la Facultad de Derecho de Zaragoza ha reconocido el trabajo de la Academia concediéndole la medalla de oro, en su festividad de San Raimundo de Peñafort.

Y, más recientemente, el trabajo incesante en esos 28 años de existencia ha sido reconocido por la más alta institución del Estado. Su majestad don Felipe VI de Borbón ha otorgado a la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación el título de ‘Real’, la más alta distinción a la que una institución pública puede aspirar.

Un reconocimiento que realza a la institución y mueve a sus miembros, los académicos, a seguir trabajando en pro del Derecho aragonés, auténtica singularidad de nuestra Comunidad autónoma.

José Luis Merino Hernández es presidente de la Real Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación