Es indudable que España necesita, con urgencia, definir y desarrollar una política hidráulica que sea de largo alcance y que sea una política de Estado, pensada para el bienestar del conjunto de la nación y con la mirada puesta en el futuro. 

Y no solo por la coyuntural situación de sequía que se vive, en mayor o menor grado, en la práctica totalidad del territorio español, sino porque, si las previsiones sobre el cambio climático son acertadas, la disponibilidad de agua será uno de los mayores desafíos de nuestro país, si no el mayor, en próximas décadas. Hay que abordarlo ya. Sin necesidad de plantearse escenarios apocalípticos, en los que los grifos de los hogares se quedasen secos, pensemos que dos de los pilares principales de nuestra economía, la agricultura y el turismo, dependen estrechamente del abastecimiento de agua. 

Para desarrollar esa política habrá que tocar muchas teclas, desde la capacidad de embalse hasta la desalación, pasando por el ahorro y la gestión eficiente, aplicando todo el arsenal tecnológico que la modernidad ofrece. Pero la tecla que no se debe tocar, porque equivale a un botón de autodestrucción, es la del trasvase. Las propuestas trasvasistas no son una invitación a la solidaridad, son una llamada a la discordia, a la riña, a la guerra. Porque en ninguna cuenca hidrográfica, en ninguna región, sobra el agua. Una política hidráulica que prevea nuevos trasvases y que sea a la vez una política de Estado es un imposible, una contradicción en los términos. Los trasvases pueden servir para añadir decibelios a la bronca política, para alimentar demagogias o para maltratar aún más la atribulada unidad de la nación, pero no serán nunca un instrumento de consenso para una razonable planificación de las políticas del agua. Mejor sería que todo el mundo se diese cuenta.

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