Las mascarillas no son un invento que se acabe de descubrir ni que, consecuentemente, se desconozca su utilidad y eficacia frente a la transmisión de contagios por virus respiratorios. Por tanto, si todos sabemos la función beneficiosa de las mascarillas, resulta un sinsentido y un incumplimiento de sus deberes protectores de la salud pública que dirigentes políticos de algunas comunidades autónomas cuestionen la obligatoriedad establecida de su uso. 

Y aún peor, que alguno, como la presidenta de Madrid, señora Ayuso, esgrima argumentos para oponerse a la medida como el de que se limita la libertad personal. Esta presidenta parece no saber que hay decisiones que deben tomarse por los gobernantes para anteponer el respeto ciudadano a un bien público superior, como es el de la salud pública, que a todos beneficia.

Precisamente porque se sabe la función que desempeñan las mascarillas para la protección de la salud individual de todos, para frenar el incremento de los contagios y para aliviar la saturación en los centros de atención primaria y en centros hospitalarios, es de sentido común su utilización estos días. Así lo decidieron seis comunidades autónomas, con competencias para ello, antes de que la ministra de Sanidad decidiera establecer la obligatoriedad en toda España.

Tras la pandemia de la covid, utilizar mascarillas debería ser lo más normal del mundo. Su uso obligado debería decidirse siempre que fuera útil para preservar la salud pública, sin controversias inútiles ni deseos incontenidos de protagonismo político. De hecho, muchas personas responsables la venían llevando, antes de la polémica medida, para no contagiar a otros o para la propia protección. Pero, cuando los contagios se disparan, las autoridades deben decidir la obligatoriedad para aliviar la saturación en centros sanitarios, y así evitar demoras y posibles desatenciones a pacientes con otras enfermedades. Aunque, en mi opinión, y en la de algunos expertos escuchados, en la situación actual las mascarillas también deberían ser obligatorias el tiempo necesario en residencias, otros centros de mayores, farmacias, transporte público, clínicas odontológicas o en fisioterapia, ya que las recomendaciones no siempre funcionan.

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