La mujer, que afirmó pertenecer a la compañía de la que soy cliente desde hace décadas, dijo que llamaba para informar de que pronto nos instalarían en casa un nuevo rúter. De paso, accedí a su propuesta de mejorar mi contrato, pues llevaba mucho tiempo sin actualizarlo.

Y hete aquí que, mientras se grababa mi consentimiento a las nuevas condiciones, oí nombrar a una empresa que hasta ese instante había estado tan agazapada como lo estuvo la amnistía del ‘procés’. De inmediato, aborté el procedimiento, aduciendo que yo creía estar pactando una renovación con mi operadora, no el cambio a otra. Entonces, la mujer se disculpó "por el equívoco" y se despidió con premura.

Mas el trile no quedo allí. Al rato telefoneó un hombre que también decía representar a mi compañía de siempre, advirtiéndome de que esta había sido avisada informáticamente del "inicio de una portabilidad con cláusula de permanencia", por lo cual la única forma que yo tenía de mantener el servicio y el mismo número de teléfono era "culminar el contrato con la otra operadora". Según dijo, "suspendiéndolo, usted se ha quedado en tierra de nadie".

En cuanto me libré de ese individuo, sentí el malestar que deja tratar con fulleros. Sin embargo, pasados unos días, me perturba más la resignación con la que asumimos estos engaños, diciéndonos que, sin pruebas fehacientes, es inútil denunciar. En todo caso, sí me atrevo a opinar que las empresas, responsables, al menos, por ‘culpa in eligendo’, deberían garantizar la legalidad de las prácticas de los agentes intermediarios que venden sus productos.

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