Se cumplen 45 años de la aprobación de la Constitución de 1978 por referéndum nacional. Un amplio consenso político precedió a una amplia aprobación del texto constitucional por la ciudadanía, un 87,78% de votos afirmativos, que correspondían al 58,97% del censo electoral. En Cataluña el porcentaje de aceptación fue todavía mayor, un 90,46%. 

Nos creímos, prácticamente todos, que el consenso había incluso integrado a los denominados nacionalismos periféricos, cosa que hoy hemos comprobado que no fue exactamente así.

Ello ha eclosionado en los años del ‘procés’ y, singularmente, en nuestros días. Los partidos nacionalistas, pese a haber obtenido el peor resultado electoral que se recuerda, han obtenido un impulso político inusitado y totalmente desproporcionado de la mano de un partido, el PSOE, que siempre habíamos situado en el arco constitucional. La investidura del presidente Sánchez, quien ha optado por las alianzas extremas, tanto a izquierda como a derecha, está convirtiendo este aniversario constitucional en un punto de inflexión que puede derivar en el desmoronamiento del sistema democrático.

La Constitución fue concebida como una Constitución de integración y las instituciones políticas se conforman en ella a través de procedimientos de consenso. Salvo el Congreso y el Senado, se precisan amplias mayorías para la elección de los principales órganos porque así lo quiso la constituyente, del mismo modo que también es necesario un gran consenso para su propia reforma. Sólo la hemos reformado dos veces, ambas en relación con nuestra integración en la Unión Europea. Pero ha habido otros intentos porque, por ejemplo, el modelo territorial no quedó cerrado; y no se cerró precisamente porque lo que regula la Constitución es cómo ponerlo en pie. Y otras regulaciones, que no siempre precisan de reforma constitucional, también precisan un ‘aggiornamento’, para hacer frente a los retos globales actuales.

Sin embargo, la incapacidad de los dos grandes partidos para seguir por la senda del consenso y del acuerdo, ha derivado en el hecho de que cuando cualquiera de ellos no ha contado con mayoría absoluta, haya optado por un acuerdo con el nacionalismo periférico que ha derivado en una especie de federalismo de la centrifugación, en el que se han cedido competencias a comunidades autónomas que, lejos de responder a dar respuestas adecuadas a las necesidades ciudadanas, han ido incrementando las cuotas de poder de aquellos que, finalmente, están optando por la destrucción del sistema constitucional.

Lejos, pues, de poder celebrar lo que ha sido internacionalmente considerado como un éxito, derivado de una Transición a la democracia basada en la integración social, política y económica (no olvidemos el precedente de los Pactos de la Moncloa), hemos de lamentar que el actual Gobierno se haya empecinado en aprobar una ley para amnistiar a los golpistas catalanes y en orillar a la soberanía nacional para trasladar lo que corresponde decidir a la nación en su conjunto a reuniones clandestinas en el extranjero apoyadas por "verificadores internacionales", como si estuviéramos en una situación bélica o de narcoterrorismo. Todo ello aderezado, además, de una crisis que pone a los jueces en el punto de mira y bajo el control de quienes han de ser controlados por ellos, como es intrínseco a todo Estado de derecho.