Por
  • Rosa Altabás Aventín

Docencia y dependencia

Una niña dibuja en un cartel durante la concentración del 10 de octubre en Huesca para pedir más auxiliares de educación especial.
Una niña dibuja en un cartel durante la concentración del 10 de octubre en Huesca para pedir más auxiliares de educación especial.
Verónica Lacasa

Cuando era pequeña, las personas con necesidades educativas especiales eran apartadas del sistema educativo, no tenían cabida en una sociedad que miraba a los ACNEES y a aquellas personas con algún tipo de discapacidad como si fueran, pongamos, de un país muy muy lejano. 

No tenían derecho a una educación pública, de calidad y gratuita. Tampoco a que un profesional les brindara ese necesario apoyo personalizado en clase, o a todo el engranaje que hoy funciona de manera casi perfecta y que ha permitido una integración plena de las personas dependientes en nuestra sociedad, que además reciben una pensión para costear la necesaria ayuda que precisan debido a sus limitaciones.

Estos, como otros muchos logros sociales, se han alcanzado gracias a gobiernos socialistas. La Ley de Dependencia supuso un antes y un después, como también, mucho antes, el hecho de que pudiéramos asistir a clase todos juntos, sin importar condición, lugar o barrio de nacimiento. Sin distinciones. Porque todos somos iguales.

Una igualdad que nos hemos cansado de escuchar en boca de quienes precisamente nunca han trabajado mucho por ello en nuestra Comunidad y que vuelve a agrietarse estos días, y eso que ni siquiera ha empezado a trabajar el nuevo Ejecutivo regional. Porque, digámoslo claro: no han hecho nada en estos meses, se han centrado en criticar. Pero soluciones, lo que se dice soluciones, no han propuesta ni una. Y eso que venían a arreglarlo todo.

Las familias de alumnos con necesidades educativas especiales han vuelto a reclamar lo que llevan tres meses pidiendo: que se cubran las plazas y horas necesarias para que ningún niño se quede aislado en clase. El primer trimestre está perdido, quedan 40 plazas sin cubrir, y veremos cómo lo van trampeando el resto del curso. Pero lo que a mi juicio aún es más escandaloso es la propuesta que se llegó a plantear, muy a la ligera diría yo, desde el departamento de Educación: agrupar a los ACNEES el próximo curso en determinados colegios del medio rural. ¿Quieren construir guetos educativos? ¿Esa es la igualdad que ellos tanto reclaman?

¿Plantean de manera encubierta recortar en algo tan importante? Una palabra que conocen muy bien los profesores, y que la semana pasada los volvió a sacar a la calle. Llaman la atención sobre las primeras pruebas que ha tenido que pasar el Ejecutivo regional y que de entrada ha suspendido: los interinos han sido los primeros afectados, pero tienen claro en la comunidad educativa que no serán los últimos.

El sector social también vela armas. Preocupa la tendencia a la privatización de servicios de la que siempre ha hecho gala la derecha y que, siendo hoy públicos, pueden tornarse inalcanzables para muchas familias. Aún recuerdan la situación en la que quedaron muchas asociaciones asistenciales cuando en el último gobierno del Partido Popular se pasó la tijera sin ningún miramiento.

A lo largo de estos días, docentes y tercer sector han conmemorado con diferentes actos su Día Internacional. Es una buena ocasión para reconocer su labor. La de los profesores, que, con paciencia y salvando todas las carencias que tiene el sistema educativo, dan a nuestros niños lo mejor de sí para que se conviertan en los líderes del mañana. Y la de las asociaciones, trabajadores, voluntarios y familiares de personas con discapacidad, que tejen una red de protección y solidaridad para que los usuarios vivan una vida con la mayor independencia posible, llena de progresos, alegrías y sonrisas.

Docencia y dependencia son básicos en una provincia como la nuestra. No podemos dejar que se trunquen tantas ilusiones y esperanzas. Levantemos la voz por cada niño sin auxiliar, por cada alumno sin docente (e incluso sin colegio), por cada trabajador, voluntario y usuario de las entidades sociales que vean recortados sus derechos. Porque ellos, como el resto de los pilares del Estado de bienestar, son los verdaderos garantes de la igualdad social.

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