El reconocimiento de la existencia de dos partes en conflicto, la evidencia misma de la autoridad negociadora concedida a Carles Puigdemont y hasta la práctica de la desmemoria definen una estrategia de investidura que tropieza tanto con el Estado de derecho como con la selección de las palabras empleadas. 

De prófugo de la Justicia a interlocutor válido, Puigdemont se presenta triunfante sin haber asumido ataque alguno contra la legalidad y recuperando, con el beneplácito de Pedro Sánchez, el desequilibrio territorial como mejor forma de rehabilitación. La mesa negociadora abierta por el PSOE con el independentismo catalán, que ignora desde la soberanía de los tribunales de Justicia hasta la autoridad del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha decidido que tras la amnistía llega la condonación de la deuda. En la más arquetípica expresión del paroxismo nacionalista, que computa cuando se muestra despreocupada ante la igualdad, Cataluña logrará que 15.000 millones de su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sean perdonados. Un caprichoso 20 por ciento ajustado a medida y que en Aragón quedaría en una banda próxima a los 1.000 millones. Aparecen, nuevamente, las ventajas para aquellos que gastaron sin límite y permanecen en el desafío para relegar a los que miraron por el equilibrio presupuestario.

La implantación de la España desigual, desequilibrada en las ventajas y frenada por los inconvenientes, recupera acomodo junto a la futura ley de amnistía. Habrá investidura y, tras esta, el PSOE abrirá una negociación presupuestaria con las comunidades guiada por el deseo de sosegar y tranquilizar los ánimos políticos. Sánchez, que parece confiar en que el tiempo y el reparto de dinero terminen por rebajar la reacción de los territorios, olvida que los muchos límites que se están superando, que hace meses resultaban difíciles de creer, han desatado la voracidad del independentismo. Se han roto tantos muros de contención y animado con tanta fuerza al secesionismo, cediendo y permitiendo la construcción de un nuevo relato, que será difícil que no se perciba que existe un claro debilitamiento de lo que se entiende por Estado de derecho.

La disfunción de este proceso negociador, la que hace mención al hecho de que Sánchez se haya atribuido por un interés personal y cortoplacista la reformulación de parte de los elementos que definen la arquitectura del Estado, cuenta, en caso de fracaso, con la pieza de seguridad del PSC. Siendo la estabilidad de la legislatura la principal de las exigencias del PSOE, una posible repetición electoral -circunstancia que a tenor de la naturaleza de los socios podrá producirse en cualquier momento- invita a pensar que, tal y como ocurrió en las generales de julio, Sánchez lograría unos buenos resultados en Cataluña y País Vasco. Especulaciones al margen, a lo que necesariamente sí habrá de enfrentarse Sánchez será a las citas electorales en estas dos autonomías, donde los socialistas cuentan con cosechar unos resultados con fuerza suficiente como para permitir un cambio político. La falta de estrategia de partidos como el PNV ante esta evidencia, que se añade al hecho de que Bildu hace días que alcanzó un acuerdo (con foto incluida) para la investidura, no deja de sorprender. En claro retroceso frente a Bildu, y con una parte de la sociedad vasca observando en detalle a Cataluña, el PNV optó por retratarse junto a Puigdemont.

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