Para reducir el déficit público que se produce cuando los ingresos son inferiores a los gastos, hay dos soluciones: aumentar los ingresos o reducir los gastos. 

Si se opta por incrementar los ingresos, se puede hacer subiendo los impuestos con carácter general, redistribuyéndolos de forma más justa, es decir, tal como indica la Constitución española en su artículo 31 al señalar que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica; y, por último, dando a la Agencia Tributaria lo necesario para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Como en España no tenemos, según la propia Oficina Europea de Estadística (Eurostat), el Estado de bienestar que disfrutan los países más avanzados de la UE, a pesar de ser la cuarta economía, ya que nuestros ingresos por impuestos y los gastos en servicios públicos son inferiores a los de países como: Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Dinamarca o Finlandia, entre otros, es de sentido común, si queremos seguir progresando como país, que nuestra economía se incline por obtener más ingresos y no por recortar gastos, para poder ir igualándonos a las sociedades europeas más ricas.

Si en el último estudio del CIS sobre política fiscal el 79,9% de los encuestados cree que quienes más impuestos pagan no son los que más tienen, en contra de la Constitución, no se entiende que en el programa electoral del PP se insista en "aliviar la carga fiscal" a todos. Como si renunciar a más ingresos fuera lo más rentable para el conjunto de los ciudadanos ante la necesidad de mejora que tienen la sanidad, la educación y el resto de los servicios públicos. En este "alivio fiscal" para todos está la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, impuesto que apoyan dos de cada tres españoles, según la encuesta publicada en ‘El País’ en febrero, y que ampara la progresividad fiscal de la Constitución.

En el mismo programa del PP, sorprende la aparición del "derecho al error" para minimizar, se dice, las consecuencias de los errores que se puedan producir. ¿Derecho a equivocarte en las declaraciones de impuestos? ¿Si el ‘error’ superara los 120.000 euros podría no ser un delito fiscal como lo puede ser ahora? Justicia fiscal es lo que falta.