Parece ser que la Real Academia Española (RAE) va a cambiar la denominación y la definición de paraíso fiscal por la de refugio o guarida fiscal, modificaciones que se incluirían en la actualización del diccionario de la Academia del mes de diciembre.

La RAE describe un paraíso fiscal como "un país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes, constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior". Por su parte, la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE) considera como tal a un territorio en el que no hay impuestos o éstos son mínimos, se carece de transparencia y de intercambio de información, y son inexistentes la residencia fiscal real y las actividades económicas sustanciales. Para un grupo de expertos de la ONU, son territorios utilizados para evadir impuestos y ocultar dinero.

Es evidente, con estos y otros ejemplos, la necesidad de hacer más adecuada y correcta a su amplia realidad la definición y uso de la expresión paraíso fiscal, que va desde la que ensalza sus particulares sistemas fiscales como reclamo para la inversión, a la que destaca las pérdidas millonarias de ingresos para el sostenimiento del Estado de bienestar.

En marzo pasado, la Plataforma por la Justicia Fiscal, integrada entre otras organizaciones por: Oxfam Intermón, ATTAC, Justicia y Paz, Economistas sin Fronteras, CC. OO. y UGT, lanzó una campaña para que la Academia de la Lengua modifique la definición de paraíso fiscal y use en su lugar el término refugio o guarida. Esta campaña, con ya más de 31.000 firmas de apoyo a través de ‘change.org’, quiere eliminar o reducir al menos la valoración positiva de la definición actual, que considera un eficaz objetivo de política económica la ausencia o parvedad de impuestos y controles en algunos territorios, con olvido del perjuicio para el Estado de bienestar.

Desde dicha plataforma se pretende que se incluya en la nueva expresión de refugio o guarida, como equivalente de paraíso fiscal, la consideración de que realmente lo que produce un sistema fiscal con esas características es un eficaz incentivo para atraer actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.

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