Una ola de solidaridad ha llegado tras el derrumbe de un edificio de cinco plantas en Teruel para ayudar a las personas que se han quedado sin su vivienda y a las que han sido desalojadas de los inmuebles aledaños. Mientras tanto, han comenzado las investigaciones para averiguar qué sucedió en la mañana del martes. Los afectados consideran que el Ayuntamiento podría tener responsabilidad y se plantean tomar acciones legales. Lo cierto es que los vecinos ya habían denunciado la existencia de filtraciones y de muros desconchados. Mientras las pesquisas proporcionan resultados, las administraciones tienen que realojar a los vecinos con alternativas duraderas. El proceso legal que se abre ahora va a ser largo y los afectados deben recibir la máxima solidaridad. Han salvado la vida, pero acaban de perder la vivienda, sus enseres, sus objetos más personales y muchos recuerdos.

La alcaldesa de Teruel ha asegurado que la corporación que preside había recibido avisos de los vecinos del edificio derrumbado por posibles filtraciones de agua, pero no por daños estructurales, como han afirmado algunos propietarios afectados. Emma Buj ha explicado que tiene constancia de que el pasado viernes representantes de los vecinos del inmueble acudieron al consistorio para hablar con el concejal de Infraestructuras y dieron un aviso por filtraciones de agua, «que se trató como tal, y ese viernes por la tarde ya estaba la empresa de aguas trabajando». Las investigaciones deben aclarar lo sucedido. No obstante, tragedias como esta obligan a revisar la reacción de las administraciones ante los avisos de los ciudadanos. Hay que vigilar que los servicios técnicos cuenten con el personal suficiente y que se evite la tradicional burocracia procedimental. Nuestro sector público arrastra cierta rigidez y lentitud en la gestión de los datos.