El Instituto Nacional de Estadística ha presentado los resultados de su Encuesta de Condiciones de Vida. Es la principal herramienta existente para conocer en detalle las condiciones de la distribución de la renta en España. 

Los datos que ofrece la encuesta de 2022 apuntan a dos hechos relevantes: una fuerte reducción de la desigualdad, que se sitúa en valores previos a la crisis financiera internacional, y una notable reducción de la pobreza y las carencias materiales. De forma consecuente con esta reducción de la desigualdad, la tasa de pobreza monetaria también ha remitido hasta el 20,4% de la población, igualando el registro más bajo desde 2009. Estos efectos no son, en cualquier caso, generalizables para todos los tramos de población porque son notables las divergencias entre territorios, nivel educativo o situación laboral y sigue habiendo graves agujeros negros, entre ellos, y de forma destacada, la pobreza infantil. Ha remitido un 1%, pero se mantiene excepcionalmente alta, en el 27,7%, del mismo modo que la pobreza en las personas mayores de 65 años se ha incrementado algo más de un punto, del 17,5% al 18,7%.

"Menos infancia, más pobre y con más problemas". Con esta contundencia resume el Justicia de Aragón el informe anual sobre infancia y adolescencia que presentó hace unos días. Alerta de que la población menor de 12 meses se ha reducido un 30% en la última década y no llega a los 10.000 bebés. Menos niños y, otra advertencia, con mayores dificultades económicas. En 2021, uno de cada cuatro menores vivían en hogares con carencias materiales importantes y el 16% tenían problemas para llegar a pagar la vivienda habitual. Asimismo, existe un importante desequilibrio territorial.

Los datos nos demuestran que se trata de una pobreza acumulativa, que se asocia luego con fracaso escolar, obesidad, enfermedades o precariedad laboral. Y su consecuencia es clara, la construcción de una sociedad de una forma profundamente desigual. Como es patente, el sistema educativo es una de las herramientas fundamentales para poner remedio al problema. Los datos que conocemos ponen de manifiesto que no cumple esta función. El ascensor social, elemento esencial de la adhesión ciudadana al sistema, está muy averiado. Hoy, ante las próximas elecciones autonómicas y locales, es necesario recordarlo.

Creo que es de un enorme interés para el futuro de nuestra Comunidad poner remedio a la desigualdad y el estancamiento social que vemos consolidarse en el sistema escolar. Ejemplo de ello es la segregación socioeconómica que pervierte la esencia de los colegios al convertirlos en guetos educativos, así considerados cuando el nivel de concentración de alumnos procedentes de familias con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%. La desigualdad se perpetúa desde la base y, si no logra remontar en esta etapa temprana, es improbable que lo consiga más adelante.

Añadamos los datos que nos recuerda, informe tras informe, PISA. Conocemos unas tasas de abandono y fracaso escolar por encima de la media europea y una empleabilidad muy baja de los graduados debido al precario mercado laboral español. En general, resulta deficiente la interconexión entre éste y el sistema educativo. La Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño y la ONU habían urgido ya a España a revisar esta segregación escolar que lastra el futuro de los niños y niñas más vulnerables.

Los datos del informe del Justicia de Aragón deben servir para que, ante las próximas elecciones, los distintos partidos políticos lleven en sus programas electorales propuestas que supongan una mejora en la vida y bienestar de los niños, partiendo de la defensa de los derechos de la infancia recogidos en la Convención sobre Derechos del Niño. Ésta nos recuerda que es necesario luchar contra la pobreza infantil, proteger a los niños y niñas frente a la violencia, cuidar su salud mental, garantizar para todos y todas una educación inclusiva y de calidad, promover los derechos de la infancia también en el ámbito digital.

Como he repetido muchas veces, invertir en infancia y adolescencia, romper definitivamente el círculo de la pobreza infantil no es solo una cuestión de corresponsabilidad con los derechos humanos y la justicia social, es algo fundamental para un desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras. 

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