El Supremo ha comunicado su revisión de las condenas del juicio del ‘procés’ para adaptarlas a la reforma del Código Penal acordada entre el Gobierno y ERC. Al desaparecer el delito de sedición, el exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, pasa a estar condenado por un delito de desobediencia en concurso con malversación agravada, pero el tribunal le mantiene la pena íntegra de inhabilitación de 13 años, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031. 

Los jueces rebaten todos los argumentos que empleó el Ejecutivo para defender esa reforma y señala que la nueva redacción del Código ha podido dejar impunes futuros ataques a la Constitución. El Supremo desmonta así la estrategia que perseguía Pedro Sánchez con su reforma exprés del Código Penal y alerta sobre un peligro grave que ha generado: ha dejado sin castigo los intentos de secesión sin violencia.

El Gobierno se escudó en que su reforma sustituye el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, pero los magistrados echan por tierra esa idea al revisar la sentencia que dictaron contra Junqueras y el resto de líderes independentistas: "Lo que ha hecho ha sido suprimir, sin más", concluyen. En cuanto al argumento de que las penas eran desproporcionadas, critican el "simplismo" del Gobierno y recuerdan que los países vecinos también castigan "cualquier intento de secesión".

Con este auto en el que no cabe recurso y por tanto adquiere firmeza, el tribunal presidido por Manuel Marchena tira por tierra la intención legislativa de cambiar el delito de sedición por desórdenes públicos y el de rebajar a atenuada la malversación para los condenados del ‘procés’. Pedro Sánchez cedió a los intereses de ERC a cambio de su apoyo parlamentario; el precio ha sido una chapuza jurídica que deja más desarmado al Estado.