De argumentistas y gamberros
La cesión del orden carretero a la Policía Foral navarra, del cual se despoja a la Guardia Civil (GC), viene de atrás. No es ‘memoria histórica’, sino historia reciente borrada. Felipe González, que lo fue todo en la política española entre diciembre de 1982 y mayo de 1996, amparó el despliegue de la Ertzaintza hasta que, en septiembre de 1995, cubrió todo el País Vasco.
De inmediato, en 1996, José María Aznar, su sucesor en la hegemonía política nacional (ambos dispusieron de mayoría absoluta), concluyó en Barcelona el hoy olvidado ‘pacto del [Hotel] Majestic’ (*****) donde alumbró con Pujol la inmersión lingüística, que ha incurrido en tan notorios excesos, y convino con él que la Generalitat asumiese dos grandes funciones policiales: la seguridad -ubicua, a cargo hasta entonces del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la GC- y el tráfico. Los Mozos no sabían desempeñar la segunda, pero, en meses, se arregló el pase a ese cuerpo de ciento cuarenta guardias civiles de carretera.
El mismo Aznar empezó a tratar del asunto con la Comunidad Foral de Navarra, allá por el 2000. Rodríguez Zapatero lo resucitó con Uxue Barkos, como ha recordado la vicepresidenta Nadia Calviño, nueva adicta al argumentario sanchista. El argumentario es un artefacto político redactado por Moncloa-Ferraz para proveer a sus cuadros con munición retórica (dialéctica sería mucho decir). Si bien otros partidos hacen otro tanto, en el sanchismo se nota mucho que hay un recetario, un catecismo sobre el momento político. Lo emplean los dirigentes y ministros para atender esas preguntas a las que se ha ordenado contestar con respuesta unificada. Trae tópicos y eslóganes de coyuntura (‘clase media trabajadora’, ‘el PP incumple la Constitución’, ‘solo saben insultar’, etc.) que libran al catecúmeno de discurrir.
Quizá Calviño se haya hecho argumentista del argumentario. Dice esto: la GC «no reduce su presencia» en Navarra, sino que «va incluso posiblemente a reforzar su presencia» allí. Calviño no desveló el quid de la aporía: se van, pero están más presentes. Qué misterio. Y los autores de la idea no han desvelado la clave.
Explica, además, Calviño que, cada vez que hay una descentralización de competencias, la oposición clama que se debilita España. ¿Sabrá que también hay socialistas que piensan eso mismo? No les repugna que Sánchez siga los pasos de sus predecesores, sino con quién firma las concesiones a cambio de votos cada vez que lo necesita. Y sufren al ver cómo presumen sus socios al obtenerlas. Otegi celebra en público su victoria, en tono jactancioso, y proclama que así será más fácil truncar el Estado español, que es como llama a España. Los separatistas catalanes añaden que volverán a su intentona segregadora en cuanto Sánchez les allane la vía penal. Eso es lo repulsivo. «¡Qué poca confianza!», dice Calviño. Poca, no: ninguna.
La ley orgánica (PSOE, 1986) que regula la materia policial tiene esta interpretación oportunista: si una Policía autonómica es ‘integral’, sobran la GC y el CNP. El sofisma está en que esa ‘integralidad’ es un imposible legal (por ahora): la GC y el CNP no pueden ser despojados de ciertas funciones mayores: la Policía, de extranjería y documentación. La GC, del control de armas y explosivos, del fraude fiscal, narcotráfico y contrabando (‘resguardo fiscal del Estado’), vigilancia de puertos y aeropuertos y policía de mar. Es evidente que, si no fuera por esas funciones de la PN y la GC, los sediciosos de 2017 ni siquiera habrían sido detenidos.
Será una piedra de toque ver si Sánchez irrumpe en esos campos específicos, predilectos de los independentistas. Saben bien que si el Gobierno logra ceder, en la forma que sea, una competencia de esa especie concreta a alguno de los separatismos, acabará el otro por tenerla también.
El mismo bodrio
En este clima, el miércoles, 23, la diputada de Vox Carla Toscano definió con fallido sarcasmo en el Congreso a Irene Montero: «El único mérito de usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias». Cierto o no, es un aserto burdo e impropio del parlamento. El ataque ‘ad personam’ en un debate político es de baja estofa.
Pero esa veda no la abrió Toscano. El 8 de marzo de 2014, en una tertulia televisada, Pablo Iglesias dijo que Ana Botella era «una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido». El pasado laboral de Montero no avala su calidad de ministra y Botella -capaz de viajar sin escrúpulos a un ‘spa’ lisboeta de lujo con tres jóvenes recién muertas en el Madrid del que era alcaldesa- entró en política en 2003, tras ejercer como Técnico de la Administración Civil desde 1979.
Que Montero y Botella hayan sido atacadas por vía conyugal se deba a que la diputada Toscano y el profesor Iglesias gustan del mismo bodrio. Pero eso no es violencia política. Es gamberrismo.
