Frivolidad en el debate fiscal
Pocas declaraciones nos pueden sorprender ya en el debate político.
Una vez superados los límites de ese saludable pudor que obligaba a pensar con cuidado lo que se compartía públicamente, quedó abierta de par en par la puerta para exhibir todo tipo de soflamas y peroratas con la tranquilidad de que los ciudadanos, ya demasiado acostumbrados, no solemos penalizarlas.
Una de esas expresiones que ha hecho fortuna extendiéndose a golpe de argumentario es la que califica ciertas rebajas de impuestos como ‘regalos fiscales’. Como si lo que se estuviese sugiriendo desde esas manirrotas administraciones que las proponen fuera ingresar en las cuentas de los ciudadanos sus generosas dádivas provenientes no se sabe bien de dónde. El concepto de ‘regalos fiscales’ transmite algo así como que los impuestos, o sus correspondientes tipos impositivos, traen causa en realidad del derecho natural y son, por tanto, nada menos que inherentes a la naturaleza humana. Tener que pagar menos se convierte así en un caritativo e imprudente obsequio de algunos gobiernos.
Los ciudadanos pagan responsablemente sus impuestos conscientes del coste, pero también del enorme beneficio, de mantener un Estado del bienestar que garantice, entre otras cosas, la dignidad de los individuos, que preserve unos niveles suficientes en materia de igualdad de oportunidades o que permita una organización física del espacio que comparten. Lo hacen aportando una parte significativa de los ingresos que obtienen con su trabajo diario, mediante el ejercicio de su actividad económica o por la generosidad de quienes en el pasado hicieron un esfuerzo con el fin de legarles algo que pudiera hacerles más sencillo su recorrido vital.
Y las administraciones deben ser muy conscientes de ello. Sus políticas se ejecutan con el dinero de todos, también con el tiempo libre que han dejado de tener o con los proyectos que no han podido emprender. Eso exige que su gasto se produzca siempre con la máxima seriedad y de acuerdo con las líneas que los ciudadanos hayan autorizado. En este contexto, expresiones como la de ‘regalos fiscales’ para referirse a ciertas rebajas de impuestos, por legítima y saludablemente discutibles que estas pudieran resultar a algunas formaciones políticas, rozan la obscenidad y suponen colocar al gobierno en una situación filosófica de prevalencia y superioridad frente a los ciudadanos que no debería corresponderle. La frivolidad en el uso de este tipo de expresiones y en los debates subyacentes es la constatación de la superficialidad y el doctrinarismo con el que se aborda cualquier discusión sobre los impuestos. Plagado de simplones axiomas que no han surgido de ningún proceso reflexivo o científico en el que se evalúen ventajas y desventajas, sino más bien de los habituales catecismos ideológicos, el debate impositivo tiene muy pocas posibilidades de tener un impacto positivo en nuestras sociedades y en su desarrollo.
Creo que todos echamos de menos que quienes proponen sus medidas en esta materia nos expliquen qué efectos prácticos, favorables y desfavorables, va a tener una determinada política de subida o bajada en los impuestos u otras cotizaciones en el comportamiento de nuestra economía o de nuestra sociedad. Solo así estaríamos seguros de que las acciones que se adoptan están convenientemente ponderadas y evaluadas. Por poner un ejemplo, el Gobierno ha anunciado que había contemplado en sus presupuestos para 2023 una subida del 8,6% en las bases máximas de cotización, en línea con el IPC previsto para el presente año, que supondrá unos ingresos adicionales para la Seguridad Social –y, por tanto, un coste adicional para empresas y trabajadores– de más de cinco mil millones de euros en un momento en que, ni las unas ni los otros, están en condiciones de hacer grandes esfuerzos que se sumen a los exigidos por la inflación, por el precio de la energía y por la subida de los tipos de interés. Los efectos positivos de este incremento tan sustancial fueron ampliamente publicitados: posibilitaría la revalorización de las pensiones para adecuarlas al IPC. Un efecto objetivamente deseable y comprensible, incluso cuando los sueldos e ingresos de quienes las financian ni en sueños vayan a experimentar ese aumento. Sin embargo, uno esperaría conocer también qué supone este incremento –además de para los trabajadores– en términos de competitividad para nuestra economía y para quienes producen en España, que verán crecer sus costes respecto a los de sus competidores en un mercado global, o si habría otra forma de hacerlo más adecuada a las circunstancias. Nada que explicar.
Las políticas públicas deben estar informadas, además de por las ideas, por la razón. De lo contrario, nada de lo que nos suceda en el futuro podrá atribuirse a la casualidad.
