De la legalidad a la legitimidad

Inglaterra fue la primera nación del mundo en articular de forma estable un Estado constitucional. 

Como democracia parlamentaria plena, los británicos votan cada cinco años, en las elecciones legislativas, la formación de un Parlamento. El partido que tiene la mayoría de la Cámara es el que decide quién forma el Gobierno y quién es el primer ministro. En la última cita con las urnas, en diciembre de 2019, el Partido Conservador consiguió una amplia mayoría absoluta bajo el liderazgo de Boris Johnson. Formó Gobierno, pero sus múltiples errores le obligaron a dimitir el pasado 7 de julio. La ley permite que otro miembro de los ‘tories’ le sucediese tanto al frente del partido como en el 10 de Downing Street. Liz Truss ganó en las primarias a Rishi Sunak con un anacrónico programa de neoliberalismo económico que le dio el apoyo del ala más radical de la formación. Apenas 80.000 afiliados pusieron en sus manos el destino de los 67 millones de habitantes del Reino Unido.

Ahora, la democracia británica riza aún más el rizo: el hombre que perdió en las elecciones internas de los conservadores hace tres meses se convierte en líder del partido y en primer ministro sin necesidad siquiera de una votación de los afiliados. No se puede dudar de su legalidad, pero sí de la legitimidad. Por segunda vez en pocas semanas, llega a la cúspide del poder ejecutivo británico un político sin contar ni con el beneplácito de las urnas ni con la confianza de aquellos en quienes la ciudadanía ha depositado su soberanía, los parlamentarios.