Hacer virtud de la necesidad: por un pacto de rentas
Todas las previsiones auguran un crecimiento económico para España en el entorno del 4% para este año y algo más de la mitad de esa cifra para 2023.
Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania ha intensificado las tensiones inflacionistas que ya padecíamos desde la recuperación de la actividad tras la irrupción de la covid-19, disparando en agosto la tasa interanual del IPC hasta el 10,4%, la más alta en 38 años.
De ahí que las estimaciones de crecimiento de la economía española predicen que, si las perspectivas se siguen deteriorando, España podría entrar en recesión. Países como Estados Unidos y previsiblemente Alemania están o pueden entrar técnicamente en recesión.
Pero para que España no entre en recesión o, si entra, que esta efectivamente sea de corta duración, es preciso afrontar este nuevo embate económico mediante una política económica cuyas líneas maestras para la contención de la escalada inflacionista se prolonguen más allá del corto plazo. Es decir, con independencia del próximo resultado electoral.
Para ello, resulta de vital importancia no solo explicar los riesgos que entraña la persistencia de una alta inflación durante los próximos años (que recordaría las crisis del petróleo de los años setenta del siglo pasado), sino también demostrar que es posible hacerse de forma que la ciudadanía no tenga la sensación de que los costes van a ser asumidos solo por algunos colectivos, especialmente, por los menos favorecidos (incluyendo, desde el punto de vista de las empresas, aquellas más vulnerables).
De la crisis de 2008 aprendimos que una gestión percibida como desigualitaria tiene claras implicaciones negativas para la estabilidad política. En el caso concreto de España, la experiencia histórica también nos enseña que hitos como la aprobación de la Constitución de 1978 no se hubiera producido sin el impulso de un acuerdo social como fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, que supusieron la estabilización socioeconómica.
En términos generales, los riesgos que conlleva la persistencia de una alta inflación durante varios años pueden sintetizarse en una pérdida de poder adquisitivo que se traslada tanto al consumo de las familias como a la inversión empresarial; dificultando, además, la toma de decisiones tanto a corto como a medio plazo. Mientras las familias observan cómo el precio de la cesta de la compra se incrementa de forma sustancial, al tiempo que los ahorros pierden valor; para las empresas un incremento general de los precios disminuye sus márgenes por el alza de costes. Además, para los sectores más internacionalizados, el alza en los costes reduce directamente su competitividad o, dicho de otro modo, su capacidad exportadora.
En consecuencia, un escenario inflacionista incentiva que familias y empresas traten de mantener su poder adquisitivo o sus márgenes de beneficios, reclamando un alza en los salarios o pulsando los efectos de un incremento de los precios. El problema de lo anterior radica en que, puesto que ni España ni el conjunto de la UE somos económicamente autosuficientes y, además, nuestra capacidad exportadora es una de las claves de nuestra prosperidad económica, un alza sistemática de precios y salarios no es viable (ya se comprobó a raíz de las dos crisis del petróleo). No por casualidad la contención de la inflación es una prioridad para la política económica europea.
En este punto, una de las posibilidades socialmente más visible y efectiva para combatir la inflación es un pacto de rentas que coyunturalmente limite el crecimiento de salarios y precios. Para su éxito, en primer lugar, la ciudadanía debe percibir que el pacto es lo más amplio posible. Y, en segundo lugar, el esfuerzo de limitar el crecimiento de salarios y precios debe ser complementado con otras reformas estructurales que impulsen la competitividad general de la economía española.
Ahora bien, el esfuerzo de familias y empresas no puede ser la única palanca para combatir la actual coyuntura inflacionista. Nos va demasiado en ello.
