El Gobierno de Aragón ha anunciado que se presentará como acusación particular en el caso del incendio de Ateca.

 Y es, por supuesto, obligado que se investiguen y determinen las causas y responsabilidades de un fuego que ha arrasado 14.000 hectáreas. Pero la DGA debe valorar también la responsabilidad política de disponer de las normas necesarias para poder limitar o prohibir actividades en el medio natural cuando se den situaciones de alto riesgo.

Según explicó ayer el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, la normativa actual no facultaría a la DGA para ordenar la suspensión de actividades como los trabajos de reforestación que están en el origen del incendio declarado el lunes 18 en Ateca, a pesar de que la empresa que los estaba realizando lo hacía con una contrata de la propia DGA. Cuando hace más de un mes se produjo ya un conato de fuego, su departamento habría hecho «recomendaciones muy concretas» a la empresa en el sentido de que «pospusieran los trabajos», pero no prohibió que continuasen durante la ola de calor. No parece lógico que, en una situación de emergencia debida a las extremas condiciones meteorológicas, las autoridades carezcan de la capacidad de tomar todas las medidas necesarias para prevenir los incendios. Si las cosas están así, el Gobierno aragonés debería impulsar con rapidez las reformas legales necesarias para dotarse de esa facultad. Habrá que investigar en detalle lo ocurrido, pero tan importante o más será aprender la lección de cara al futuro.