La Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón ha decidido abrir un frente judicial contra el nuevo mapa de concesiones de bus aprobado por la DGA. De entrada, ha solicitado a los jueces la suspensión cautelar, que de hacerse efectiva impedirá estrenar los cambios antes de acabar la legislatura, a principios del año 2023. Puesto que los empresarios no ponen en tela de juicio los objetivos del nuevo modelo, sino la base técnica y financiera, es preciso que ambas partes se sienten a negociar cuanto antes un acuerdo que, sobre todo, garantice un buen servicio a los ciudadanos para evitar que el problema de la despoblación en la Comunidad vaya a más por no poder garantizar un buen de nivel en las comunicaciones.

El nuevo modelo de transporte público en Aragón plantea un cambio profundo. Entre otras medidas, contempla que las actuales 118 concesiones y contratos se concentrarán en las 19 en las que se ha dividido la cobertura a lo largo y ancho del territorio. Para su puesta en marcha existen varios desacuerdos entre los empresarios y el consejero de Vertebración el Territorio, José Luis Soro. La patronal argumenta que no se ha tenido en cuenta el impacto de la covid-19 sobre la demanda, lo que desvirtúa todos los cálculos al estar basados en datos y parámetros de 2018. Llegados a este punto, hay que reclamar más negociación: las comunicaciones interurbanas en un territorio tan amplio como es el de Aragón exige un acuerdo entre la Administración y las compañías que deben prestar el servicio.

Sabido es que uno de los grandes retos del Aragón del siglo XXI es la despoblación. Pues bien, hacer más fácil la movilidad para las personas es un instrumento esencial para abordarlo con garantías. El Gobierno español debe ayudar financieramente a garantizar ese servicio prioritario.