A vueltas con la interinidad
Hasta que no cumplí 40 años no obtuve el nombramiento de profesor numerario de la Universidad de Zaragoza, o plaza en propiedad, como se decía entonces, después de ocupar como interino y sucesivamente todos los puestos que ofrecía la institución.
Tardé mucho en conseguir el puesto porque no se convocaban plazas en mi área de conocimiento. No fui el único sufridor, pero sí uno de los que más años acumuló aguardando el anhelado maná en forma de convocatoria de una plaza. Era desesperante ver transcurrir el tiempo sin atisbar ninguna promesa, mientras sentía crecer mi desasosiego ante un incierto porvenir. Una situación, a veces angustiosa, que a muchos, antaño como hogaño, conduce a un hondo desánimo.
Conozco muy bien lo que es ser interino y lo que uno siente mientras contempla el paso de los años y va abandonando la esperanza de lograr un empleo acorde con su preparación y vocación, porque un día yo también fui penene. Mi pesadumbre no acabó con mi nombramiento de profesor titular, pues aún tuve que aguardar resignadamente bastantes años más hasta la primera convocatoria de cátedras en mi área de conocimiento. Fueron cuatro y, por la demora en la convocatoria, fuimos 40 los firmantes del concurso-oposición. Es fácil imaginar lo que fue aquello: todos los implicados nos lanzamos con denuedo a la refriega, sin dar cuartel al oponente, ante un intimidatorio tribunal.
Comparto, pues, la gran inquietud del personal interino en general y de los penenes de ahora cuando de manera recurrente se manifiestan y reclaman un puesto de trabajo fijo y dignamente retribuido que les permita sacudirse la opresiva sensación de inestabilidad y afrontar sus proyectos vitales con confianza. Siendo admisible la temporalidad o interinidad en el empleo durante un razonable periodo, no lo es, sin embargo, su injustificada prolongación y menos cuando deviene en abuso palmario por parte de las administraciones o las empresas.
Se cuentan por miles los interinos en Aragón, con porcentajes muy diferentes en instituciones oficiales (gobierno regional, ayuntamientos, universidad, etc.) y sectores (sanidad, educación, ...). En la Universidad zaragozana, por ejemplo, hay 2.046 personas entre el personal docente e investigador con vinculación no permanente (el 54%), número que se reduce a 592 (el 37%) en el caso del personal de administración y servicios. Son cifras que piden a gritos actuaciones decididas de las instituciones implicadas en pro de una notable disminución de la actual tasa de temporalidad en el ámbito laboral o funcionarial, tal y como por otro lado nos viene exigiendo la UE. El Gobierno de la nación desbarra en su renuencia a impulsar una valiente política de creación de empleo allí donde sea necesario, porque ello contribuiría a la reducción de la temporalidad abusiva (cosa que Bruselas ya nos ha advertido en varias ocasiones), a llevar la calma a distintas capas de la sociedad y a encauzar las aspiraciones de gentes preparadas para el desempeño de una necesaria actividad laboral. Esto es aún más grave ante la amenaza deslizada por algunos de nuestros socios europeos de bloquear el libramiento de los fondos destinados a la recuperación económica. Algunos de los que mandan han admitido sin ambages el abuso que se comete con los trabajadores temporales; pero está por ver que encaren de una vez este problema.
No creo, sin embargo, que la estabilidad en el empleo deba regalarse de manera irreflexiva, a modo de dádiva; es una aspiración lícita a la que hay que dar solución, pero no sin antes recabar la debida idoneidad o competencia del demandante. Y para ello deben realizarse cuantas pruebas de selección procedan, sin trampas ni amaños, atendiendo al currículum de cada uno y mediante concursos u oposiciones, para así procurar empleos en la función pública y por extensión en el mundo empresarial. Hay quienes interesadamente rechazan de plano las oposiciones e incluso piden que se paralicen las que ya están convocadas. No es este el camino a recorrer, sino el del estudio y la preparación para el puesto de trabajo demandado. Lo contrario podría derivar en no pocas disfunciones y sería injusto para quienes hasta ahora han sometido a evaluación sus méritos y capacidades.
