La nueva regulación del juego afectará en España a un negocio de más de 30.000 millones de euros, entre casinos, bingos, casas de juego, loterías y quinielas deportivas, pero sobre todo a las apuestas 'on line', un ámbito que ha logrado gran popularidad en los últimos años pero que está falto de regulación.

Sin embargo, pocos son los que están completamente conformes con el proyecto de ley aprobado por el Gobierno. Su contenido ha generado numerosas críticas y una honda preocupación.

Las asociaciones del juego tradicional pidieron medidas para que las casas de apuestas, que han estado operando «sin autorización de ningún tipo», no partan con ventaja en el nuevo contexto. Se quejaron de la ausencia de medidas en ese sentido y señalaron que otros países europeos, al regular el juego, «han obligado a estos operadores a hacer una 'puesta a cero' o cancelación de sus bases de datos y saldos de clientes», a fin de partir en igualdad de condiciones.

Hablamos de un sector que aún genera más de 100.000 empleos directos en un país con una tasa de paro superior al 20%, si bien los juegos de gestión privada (especialmente casinos y bingos) atraviesan su crisis particular, con descensos de entre el 7% y el 9% en su cifra de negocios anual.

De los 30.110 millones que el negocio del juego generó en 2009 (último año del que hay datos), 18.285 millones correspondieron a juegos privados, 9.844 millones a los gestionados por el ente público Loterías y Apuestas del Estado y 1.981 millones a los de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

Con la futura ley, el sector más afectados será el juego 'on line', que por primera vez estará sujeto a una estricta regulación. Sin embargo, esta no ha dejado contento a nadie. Para los responsables de la Remote Gambling Association (RGA), plataforma que agrupa a operadores de internet, temen que la nueva ley «haga inviable el mercado español del juego 'online'».