La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado que los servicios de salud de Cataluña tienen la obligación de atender a los ciudadanos de Cataluña y de cualquier otra comunidad.

La ministra respondía así en el Foro de la Nueva Economía a una pregunta sobre el contencioso que enfrenta a Aragón y Cataluña, después de algunos centros asistenciales catalanes hayan dejado de prestar atención sanitaria a ciudadanos aragoneses.

Pajín ha explicado que hay dos casos de pacientes: los derivados, que son aquellos que se trasladan por prescripción médica y suelen vivir en zonas fronterizas, y los desplazados, que por vacaciones o cuestiones de ocio deben ser atendidos en una comunidad distinta a la que viven.

Todos ellos tienen garantizado por ley la prestación sanitaria, según la ministra, quien ha asegurado que todas las comunidades autónomas tienen la obligación de atenderles.

La titular de Sanidad ha asegurado que el Ministerio se ha ofrecido a mediar, la última vez "hace tan solo una semana", y ha señalado que una vez reciban los datos por parte del Gobierno de Aragón, "instaremos a Cataluña a que cumpla con su obligación".

Preguntada sobre la gestión de la sanidad en esta comunidad autónoma, la ministra ha asegurado que no comparte las decisiones de la Generalitat.

"Si me preguntan si estoy de acuerdo con algunas medidas que en nombre de la austeridad están tomando comunidades como Cataluña o Castilla-La Mancha, mi respuesta es no", ha señalado tajante la ministra.

Además, ha asegurado no compartir tampoco las declaraciones del conseller de Salud, Boi Ruiz, quien en una entrevista con Efe afirmó que "la salud es un bien privado que depende de uno mismo, y no del Estado".

Para la ministra, "la salud no puede ser nunca un bien privado, porque la buena o mala salud no depende solo de uno, sino de dónde vive, de las condiciones medioambientales, del acceso a los alimentos, a los recursos sociales, e incluso al agua que consume", por lo que es "una realidad pública".

Leire Pajín ha señalado que, además, la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico consagran el derecho a la salud de los españoles y "obligan" a las administraciones a velar por ella.