TERRORISMO

Las 'herriko tabernas' seguirán embargadas bajo sospecha de financiar a ETA

El juez Garzón tiene desde 2003 varias decenas de 'herriko tabernas' del País Vasco y Navarra bajo control judicial.

Las 'herriko tabernas', presuntas sedes sociales de la ilegalizada Batasuna, continuarán embargadas y bajo administración judicial porque la Audiencia Nacional sospecha que son un instrumento para financiar a ETA.


La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó los recursos presentados por los titulares de ocho de estas sociedades, que pretendían que el tribunal dejase sin efecto el auto dictado en enero por el juez Baltasar Garzón, en el que prorrogó las medidas cautelares y bloqueos a que están sometidos estos locales.


Garzón tiene desde 2003 varias decenas de 'herriko tabernas' del País Vasco y Navarra bajo control judicial. Es una de las medidas cautelares adoptadas dentro del sumario Batasuna, concluido en abril pasado, y por el que en los próximos meses se sentarán en el banquillo Arnaldo Otegi y otros 40 jefes del partido ilegalizado acusados de pertenencia a organización terrorista.


El juez instructor defiende que ETA creó la red de 'herriko tabernas', bajo el control directo de Batasuna, para financiar sus actividades y las de su brazo político. El sumario indica que estos bares llegaron a mover anualmente unos 15 millones de euros. Los locales sociales, según los escritos, no sólo eran una gran fuente de ingresos sino también una "eficaz infraestructura logística" para otras estructuras de ETA (Jarrai y KAS-EKIN), así como para guardar material de 'kale borroka', celebrar reuniones clandestinas, captar miembros para los comandos o reunir información para futuros atentados.

La sala aclara que no puede atender la demanda de los recurrentes porque la administración judicial no tiene por objeto garantizar el pago de las posibles responsabilidades civiles de los 41 procesados "sino evitar que los beneficios de las entidades administradas sean controlados o desviados hacia la organización terrorista, para los fines delictivos de la misma". Añade que la medida tiene su base "en la existencia de indicios de desviación de fondos desde las entidades administradas a ETA, por quien presumiblemente son controladas".