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El papel de los presos etarras

EFE. Madrid Actualizada 17/10/2011 a las 18:13
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El camino recorrido por el colectivo de presos etarras en los últimos meses, que ha pasado de defender las posiciones más duras de la banda a reclamar un papel protagonista en el "proceso" de resolución del "conflicto", ha sido clave para llegar a la actual situación, antesala del final definitivo de ETA.

Sin citar expresamente a los reclusos de ETA, la conferencia internacional celebrada en San Sebastián ha reclamado a los gobiernos de España y Francia que accedan a negociar con la banda exclusivamente sobre "las consecuencias del conflicto", o lo que es lo mismo, qué va a pasar con los presos si ETA desaparece.

Ya el pasado mes de enero, cuando ETA declaró su último alto el fuego, los presos iniciaron un debate interno, no exento de discrepancias, que dio como resultado su adhesión al Acuerdo de Gernika, suscrito por la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba, que apuesta por un final de la violencia.

Un 90 por ciento de los casi 800 reclusos integrados en el colectivo de presos de ETA (EPPK) se sumó al documento, en el que también se pedía el reconocimiento "de forma inmediata y sin contrapartidas" de los derechos de los internos.

No obstante, en un comunicado publicado en el diario Gara el pasado 24 de septiembre, los presos mostraban también su rechazo a la aplicación de beneficios penitenciarios individuales y reclamaban soluciones encaminadas hacia la amnistía.

Una posibilidad rechazada de plano por el Gobierno, que en varias ocasiones ha advertido de que la amnistía no tiene encaje constitucional.

El Ejecutivo ha dejado claro que no caben las "soluciones colectivas" y que, con la ley en la mano, los beneficios penitenciarios solo pueden conseguirse de forma individual y después de que el recluso haya hecho una declaración expresa de repudio a la violencia y de colaboración con la Justicia.

En este mismo sentido, el ministro del Interior, Antonio Camacho, ha negado repetidamente que se vaya a producir un acercamiento masivo de presos etarras a cárceles del País Vasco como un gesto para que ETA anuncie su disolución.

Para Camacho, es la banda terrorista la que debe dar pasos para el final definitivo e irreversible de la violencia y será entonces cuando el Gobierno decida "las medidas que han de adoptarse".

Ha ido mucho más lejos el lehendakari, Patxi López, que ha abogado por lograr en Euskadi "un gran acuerdo para la concordia" basado en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y en una política penitenciaria "flexible" que permita el acercamiento de presos a Euskadi.

Propuesta que se comprometía a estudiar el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que reconocía que los demócratas sabrán ser "generosos" si ETA deja definitivamente las armas, aunque siempre desde el escrupuloso respeto a los derechos de las víctimas y a las sentencias de los tribunales.

Beneficios penitenciarios a los que ya se han acogido una veintena de reclusos etarras agrupados en la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca, que a lo largo de los últimos años se han desmarcado de la banda terrorista o han sido expulsados de ella por sus discrepancias con la ortodoxia etarra.

Algunos de estos internos incluso salen de prisión durante el día para asistir a cursos de formación como paso previo a su definitiva puesta en libertad.

Es el caso, entre otros, del ex dirigente etarra José Luis Álvarez Santacristina, "Txelis", o del miembro del 'comando Madrid' Josu García Corporales, después de que ambos hayan mostrado su arrepentimiento, hayan roto con la banda terrorista y hayan asumido hacerse cargo de la responsabilidad civil por sus atentados.







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