Cañete justifica su plan en el fracaso de las desaladoras

El plan de desalinizadoras del Gobierno socialista facilita actualmente 111 hectómetros cúbicos de agua -el 16,45% de los 778 previstos- a un precio inasequible para los agricultores, según el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete que ha justificado en estos datos la necesidad de un nuevo Plan Hidrológico.

En su intervención en la comisión parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete ha criticado duramente la "preocupante herencia" recibida del Ejecutivo socialista en materia medioambiental, especialmente en lo que se refiere a la gestión del agua.

El plan de desalinizadoras en la costa mediterránea ha sido el principal foco de las críticas del nuevo titular de Medio Ambiente, que si bien ha reconocido que estas infraestructuras son "muy útiles en sitios muy áridos cercanos a la costa", son "dudosamente sostenibles" por "su elevado coste energético y la alta concentración salina" del agua que producen.

De las 51 desalinizadoras previstas en el citado Plan, Arias Cañete ha sostenido que solo hay 17 en funcionamiento, 15 en construcción y el resto en trámites; y que la inversión necesaria para que todas estén operativas asciende a 2.416 millones, que hay que sumar a los 1.664 millones ya gastados.

En ese sentido, Arias Cañete ha subrayado que la sustitución del Plan Hidrológico por ese Plan de Desalinizadoras socialista, en 2004, ha dado lugar a que solo esté disponible el 16,45% del agua prevista en el proyecto que promovía el PP, es decir, los 111 hectómetros cúbicos que, según el ministro, aportan esas 17 desalinizadoras operativas.

"Además, el coste de producción por metro cúbico es muy superior al que puede soportar el sector, y, por lo tanto, para hacer viable el uso de las desaladoras hay que recurrir a una cadena de asociaciones encubiertas, ya que los agricultores no demandan el agua de las desaladoras al no poder pagarla", ha argumentado.

El ministro ha denunciado, también, las "nefastas condiciones económicas" en las que ha dejado el anterior Gobierno las cuatro Sociedades estatales de Agua, responsables de las inversiones en esta materia.Planes de cuenca

En lo que se refiere a la Directiva Marco de Agua, ha aludido a la demanda de la Comisión Europea a España por los dos años de retraso en la presentación de los 25 planes de cuenca -sólo Cataluña ha hecho sus deberes-; y por la no apertura de un proceso de participación pública para la realización de esos planes.

"España es el país más retrasado de Europa en la aplicación de la Directiva Marco de Agua, y ese retraso nos puede traer una sanción", ha insistido Arias Cañete.

Además, ha citado los dos expedientes sancionadores que España tiene abiertos en Bruselas por problemas de calidad de aguas: uno por no depurar en 23 grandes núcleos urbanos, "de los cuales en 11 ni han empezado a construirse las depuradoras", y otro por verter aguas residuales en áreas de importancia ambiental, que afecta a 912 municipios.

Asimismo, ha aludido también a las "promesas incumplidas" en el Plan del Alto Guadiana "que proponía una inversión de 2.800 millones y la regularización de 8.000 pozos ilegales".

Frente a esa política de agua, Arias Cañete ha mencionado que su Plan prevé "una nueva programación nacional de inversiones y actuaciones" en "infraestructuras" que garanticen "un abastecimiento en cantidad y calidad siguiendo el principio de solidaridad territorial", sin mencionar la palabra "trasvases".

Ha prometido también alcanzar la "plena depuración de la carga contaminante de aguas en España, comenzando por los grandes núcleos y las poblaciones que estén en zonas especialmente sensibles"; e impulsar el uso de agua reutilizada.