JUSTICIA
España ha inmovilizado más de 1.000 millones de euros a oligarcas rusos sancionados por la Unión Europea
El Ministerio de Justicia debate con sus socios europeos el marco legal para que ese fondo sirva para reconstruir Ucrania.
El Gobierno ya ha inmovilizado más de 1.000 millones de euros de oligarcas rusos residentes en España que aparecen en la lista negra elaborada por la Unión Europea (UE). La suma ha ido creciendo de forma progresiva desde que entró en vigor el primer paquete de sanciones aprobado por Bruselas tras la invasión rusa de Ucrania, hace 20 meses. El montante total representa alrededor del 4% de los 28.200 millones intervenidos en todos los países comunitarios, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia.
La última cifra conocida en España en octubre pasado superó la barrera de los 1.000 millones -en total, 1.014-, y fue compartida en la reunión celebrada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) celebrada el pasado 20 de octubre en Luxemburgo. Los JAI son encuentros de los ministros de Justicia y de Interior de todos los Estados miembros.
El debate en el seno de la UE se centra ahora en crear un marco para que estos miles de millones congelados acaben en un fondo destinado a pagar las indemnizaciones por los daños ocasionados por la campaña militar de Vladimir Putin en Ucrania. Para ello es necesario elaborar un "registro de daños" materiales y ambientales para poder llevar a cabo la reconstrucción.
La Fiscalía General española, por ejemplo, ha mantenido reuniones con sus colegas ucranianos para analizar las consecuencias de la invasión rusa en el medio natural. Uno de los episodios más controvertidos fue la destrucción intencionada de la enorme presa de Nova Kajovka, en la región de Jersón, en junio pasado, y las consecuencias para 40.000 afectados por las enormes inundaciones provocadas.
La reparación económica que promueve la UE con las sanciones a personas próximas al Kremlin forman parte de un reto mayor: la creación en suelo comunitario de un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por el régimen de Putin. Los socios ya trabajan en un modelo con la Corte Penal Internacional y, a través de la Agencia para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), los fiscales recopilan indicios desde febrero de 2022 para presentarlos como pruebas de cargo en un futuro procedimiento penal. En España, este trabajo lo dirige la Fiscalía de la Audiencia Nacional en unas diligencias abiertas en marzo de 2022.
La herramienta que ha permitido inmovilizar estos 1.014 millones hasta octubre a oligarcas rusos en España se regula en un decreto ley aprobado en abril de 2022. Se trata de un sistema excepcional para que los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles puedan congelar los activos de las particulares sancionadas por la UE, aunque estos hayan recurrido a testaferros o personas interpuestas. En la lista de elementos embargados hay viviendas, locales comerciales, automóviles, aeronaves o yates.
Ampliación de la lista negra
La colaboración policial es fundamental para localizar estos bienes y determinar la existencia de "indicios racionales" de que el verdadero titular de los mismos pueda pertenecer a la camarilla del régimen de Putin. Se quiere impedir, sobre todo, que la invasión militar de Ucrania se financie de alguna manera con propiedades presentes en España. Para ello, se ha puesto el foco en los sistemas financieros usados para las transferencias de bienes por parte de estas personas físicas y jurídicas. Hace un año la lista negra incluía a 144 individuos y 48 entidades.
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2024 entrará en vigor el duodécimo paquete de sanciones contra Rusia. El objetivo es imponer prohibiciones adicionales de importación y exportación, sobre todo minerales preciados como los diamantes, y luchar contra los mecanismos para saltarse estos castigos. Se incluye, además, una nueva lista de particulares y empresas rusas y se refuerza la vigilancia contra las sociedades instrumentales de terceros países que ocultan bienes sospechosos.
En total se amplía la lista negra a más de 140 personas y entidades sujetas a inmovilización de activos, tales como agentes militares y de defensa rusos, incluidas empresas de la industria militar públicas y privadas. También entran agentes del sector de las tecnologías de la información y otros actores económicos importantes.
Las medidas también se dirigen contra agentes que difunden desinformación o propaganda en apoyo de la invasión rusa y, además, se abre la puerta a la posibilidad de mantener a las personas fallecidas en la lista de bienes inmovilizados para evitar que sus allegados sorteen el embargo.
