Quienes vivieron en primera línea lo que era gobernar en minoría con aquello que José Luis Rodríguez Zapatero calificó como "geometría variable" reconocen su admiración - en algunos casos desde posiciones críticas- por el modo en el que Pedro Sánchez logró aprobar la pasada legislatura tres Presupuestos seguidos y casi 200 normas, después de una ajustadísima investidura -167 votos a favor y 165 en contra- que le obligó a entenderse en el Gobierno con los populistas de Podemos y lo dejó en manos de ERC y Bildu.

Es esa experiencia previa la que lleva a los socialistas a minimizar la dificultad de la empresa en la que de nuevo les ha embarcado su líder. Un más difícil todavía en un circo con múltiples pistas, en medio de una enorme tensión social.

Tras haber sido superado en 16 escaños por el PP en las elecciones, el jefe del Ejecutivo en funciones está a punto de ser investido, previsiblemente este jueves, gracias al apoyo de todas las formaciones que, no sin ruido, ya le daban soporte -Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG- más Junts y una Coalición Canaria casi siempre dispuesta ejercer de comodín de los grandes partidos. Pero, sobre todo, gracias a unos polémicos pactos que contradicen en buena medida el discurso con el que se presentó a los comicios.

Lo esperable es que este lunes el PSOE registre en el Congreso, con la firma de todos sus socios a excepción de los canarios, la ley de amnistía para los encausados del 'procés', exigida por los independentistas catalanes. Una medida a la que siempre se habían opuesto tanto Sánchez como su partido por inconstitucional y contra la que el 24 de julio, todavía un día después de las generales, se manifestó el primer secretario del PSC, Salvador Illa. "La amnistía no es factible dentro del Estado de derecho y esta condición -dijo entonces- me parece fundamental". Sus palabras, como las del propio presidente en funciones, se las llevó el viento de la noche a la mañana.

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Los socialistas iniciarán la tramitación de la norma que dejará impunes los delitos cometidos en el intento de proclamar, al margen de cauces legales, la independencia de Cataluña conscientes de que cuenta con la oposición frontal de casi la mitad de la Cámara -PP, Vox y UPN suman 171 diputados de 350-; del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta; de dirigentes históricos como el expresidente Felipe González y de buena parte del Poder Judicial; además, según las encuestas publicadas por distintos medios, del rechazo de la mayoría de la sociedad y de casi la mitad de sus votantes. Pero también esgrimiendo la legitimidad que les otorga el apoyo de 179 diputados y haciendo de la reacción de la extrema derecha un argumento justificativo.

No será la primera vez que Sánchez se enmiende a sí mismo. En 2019 se presentó a las elecciones con un durísimo discurso contra los independentistas. Prometió que los condenados por el 'procés' cumplirían sus penas; anunció una reforma del Código Penal para castigar los referendos ilegales e incluso aseguró que traería a Puigdemont a España para ser juzgado. Finalmente, ha sido el número tres del PSOE, Santos Cerdán, el que ha viajado a Bruselas, donde el 'expresident' permanece prófugo, para firmar el pacto que permitirá a su líder seguir en la Moncloa y al líder espiritual de Junts librarse de la justicia.

También reiteró Sánchez hasta la saciedad que no pactaría con Bildu, el único partido que le ha dado el sí sin hacer públicas sus condiciones. En la legislatura que se abrió en enero de 2020, la formación de Arnaldo Otegi se convirtió en un aliado estable, se aprobaron los indultos del 'procés' y se modificó el Código Penal para suprimir el delito de sedición y adaptar el de malversación a las demandas de los secesionistas.

Es cierto, sin embargo, que el PSOE también incumplió muchas de las promesas recogidas en los pactos de investidura suscritos con algunos de sus socios sin que eso le pasara excesiva factura en términos de gobernabilidad. Es esa claudicación -de la que quizás es máximo exponente el PNV, que, tras haber acusado al jefe del Ejecutivo de tratarles «como un clínex», este viernes volvió a firmar un pacto de legislatura rebajado verbalmente solo dos horas después por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero- la que alimenta en buena medida la confianza de Sánchez en poder salir airoso de esta nueva prueba. Cree tener el mejor pegamento: el miedo del resto de fuerzas a ser responsabilizadas de haber abierto las puertas del Gobierno a Vox.

La "ola reaccionaria"

La necesidad de frenar a la ultraderecha ha sido, precisamente, el argumento esgrimido para vencer las resistencias en su partido a pactar con Junts (paradójicamente, una formación con pulsiones xenófobas y supremacistas) y amnistiar a los responsables del mayor desafío a la Constitución que ha tenido que afrontar España sin que medie arrepentimiento ni compromiso de no reincidencia. Y de frenar a la «ola reaccionaria» que recorre el mundo fue también de lo que presumió este sábado ante sus correligionarios en el congreso del Partido de los Socialistas Europeos, en Málaga, en el que, no obstante, no hizo la mínima alusión a una medida de gracia que, según sus críticos, acaba con el principio de igualdad.

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El escenario es ahora, en todo caso, algo distinto. Junts lleva cuatro años atacando a ERC por haberse dejado engatusar por los socialistas, después de acordar la creación de una Mesa de diálogo Estado-Generalitat para abordar el futuro político de Cataluña que solo se reunió tres veces en toda la legislatura. En buena medida, el enorme reto que supuso para todas las administraciones la pandemia ayudó a relegar las cuestiones identitarias.

Ahora tanto los republicanos como el partido de Puigdemont, enfrentados y con la vista puesta en los comicios de 2025, han exigido sendas mesas con el PSOE, al margen de la institucional, -supervisadas por mediadores internacionales, como en los procesos de paz- y han advertido de que harán depender el apoyo a la legislatura de los avances que se produzcan en esos foros a los que llevarán la celebración de un referéndum sobre la independencia y, en el caso de los postconvergentes, la demanda de que se ceda a Cataluña el 100% de los tributos.

Sánchez ha asumido, además, con el PNV el compromiso de reunirse semestralmente con el lendakari Iñigo Urkullu y abordar el "reconocimiento nacional de Euskadi". Los socialistas tienen sobre la mesa obligaciones financieras con todos los partidos y han abierto en canal el difícil debate de la financiación autonómica al anunciar la condonación de 15.000 millones de euros del FLA a Cataluña a través de un mecanismo extensible a otras comunidades. Y a eso hay que añadir que su pacto de coalición con Sumar, de marcado cariz progresista, incluye medidas que difícilmente suscitarán la simpatía de los peneuvistas, Junts o Coalición Canaria. Muchos platillos girando muy rápido en el aire al mismo tiempo.