El Supremo estudia este martes la demanda de ecologistas por la "inactividad" del Gobierno contra el cambio climático
La demanda en cuestión es la primera de España y "sigue la estela de otros procesos judiciales en Europa", en referencia a Países Bajos, Francia o Alemania.
El Tribunal Supremo (TS) se reúne este martes para deliberar y fallar sobre la demanda presentada por Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón en septiembre de 2020 por la "inactividad del Estado" contra el cambio climático y el recurso que interpusieron en 2021 contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno.
Según han informado las organizaciones, que acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de incumplir el reglamento europeo sobre gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, se trata del "primer litigio climático contra el Estado de la historia de España".
"La demanda se sustenta no sólo en sólidos argumentos jurídicos que recogen la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y las referencias al derecho comparado (...), sino en la mejor evidencia científica", señala Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes, en un comunicado emitido por Greenpeace.
RECURSO CONTRA EL PLAN NACIONAL
La demanda en cuestión es la primera de España y "sigue la estela de otros procesos judiciales en Europa", en referencia a Países Bajos, Francia o Alemania, donde los tribunales han condenado a los estados y les han "obligado a actuar con mayor ambición climática", apuntan las organizaciones.
Además de la demanda, presentada en septiembre de 2020, las ONGs presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de aprobar en marzo de 2021 un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A esta iniciativa se sumaron Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Juntos denunciaron "la falta de ambición y el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Acuerdo de París".
Según las organizaciones, "la aprobación de la ley de cambio climático y del PNIEC supuso un importante avance frente a las políticas de gobiernos anteriores", pero "siguen sin contener la ambición que se necesita para cumplir con el Acuerdo de París y evitar las peores consecuencias del cambio climático".
Para las firmantes, es "imprescindible conseguir reducciones de emisiones de CO2 rotundas, cambiando por completo el modelo energético mediante la migración desde fuentes fósiles a fuentes renovables, como fotovoltaica, eólica y geotermia, entre otras".
ONGs ESPERAN EL AVAL DEL SUPREMO
En el comunicado, las cinco demandantes aseguran que confían en que ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo les dé la razón y reconozca "la obligación que tiene el Estado de proteger a la ciudadanía frente a los efectos de la crisis climática".
Las ONGs inciden en que esta sentencia "podría suponer un cambio de paradigma en la manera en la que el Estado afronta su obligación de mitigar el cambio climático en nuestro país". En concreto, consideran que un fallo a favor de la demanda "podría obligar al Estado a incrementar el objetivo de reducción de emisiones para 2030": del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con respecto a 1990, hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes para no sobrepasar el 1,5ºC de calentamiento de la temperatura media del planeta.
Según Jaime Doreste, abogado de las organizaciones demandantes, una sentencia estimatoria "será no sólo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático, sino que también sentará un enorme hito en el derecho español con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental, y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos".
