Los conservadores del Poder Judicial aprietan para renovar el TC y descolocan al Gobierno

El juego del gato y del ratón que libra la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno en torno a la renovación pendiente desde junio del Tribunal Constitucional escribirá este martes navideño un nuevo episodio que quizás, esta vez, pueda desembocar en una vía de solución tras seis meses de bloqueo y después de que se haya desatado un gravísimo choque entre los poderes del Estado. Este 27 de diciembre, en plena Navidad, los 17 vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces y su presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, celebrarán un nuevo pleno extraordinario, el segundo en apenas una semana, para tratar de elegir a los dos nuevos magistrados del TC que les corresponden.

La sesión ha vuelto a ser forzada por el bloque conservador mayoritario en un Consejo con su mandato vencido desde hace ya cuatro años por el disenso entre el PSOE y el PP. Y el objetivo es nítido: anticiparse a la reforma exprés del Gobierno, paralizada ahora por la resolución sin precedentes del Constitucional, y aupar a los dos candidatos propios sobre la mesa dada la imposibilidad de un pacto con el ala progresista. En la votación de hace tres días, los conservadores se quedaron a un voto de los 11 que exige la mayoría de tres quintos requerida para aprobar los nombramientos al TC, justamente la que el Gobierno pretende rebajar a simple con su impugnada reforma. Los dos aspirantes propugnados por este sector -el presidente de lo Contencioso del Supremo, César Tolosa (adscrito a sus filas), y su compañero de Sala Pablo Lucas (identificado con el progresismo)- concitaron diez avales por siete de la opción del otro bloque, José Manuel Bandrés, colega de sus dos 'competidores' en el alto tribunal. La mayoría no alcanzó los 11 respaldos necesarios porque se abstuvo el vocal propuesto en su día por el PNV, el jurista Enrique Lucas, al ser hermano de uno de los candidatos. Pero al forzar el pleno del martes 27, los conservadores han sustituido en su 'ticket' a Pablo Lucas por la expresidenta de lo Social del Supremo -progresista- María Luisa Segoviano. Lo que transforma en determinante lo que pueda votar dentro de cuatro días el vocal que llegó al CGPJ a iniciativa del PNV, el único que no se inscribe hoy en el 'bloquismo' que impide el acuerdo en el órgano de gobierno de los jueces.

A la espera del desenlace del pleno que se iniciará a las cuatro y media de la tarde del martes - y con la duda, en este escenario político y jurídico convulso, de que no medie alguna otra polémica inesperada-, un eventual éxito de la última maquinación del ala conservadora tendría el efecto no solo de desatascar la renovación del TC, dado que el Gobierno ya ha designado a su exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto alto de Moncloa Laura Díez para sustituir al actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez (los relevos que penden de CGPJ son los del vicepresidente Juan Antonio Xiol y el juez Santiago Martínez-Vares). Pero junto al desbloqueo, la mayoría del CGPJ lograría dejar sin efecto práctico, para esta elección concreta, el cambio legal con que Sánchez ha pretendido acelerar la decantación del TC de hegemonía conservadora a progresista. Es decir: el tsunami que ha generado la iniciativa gubernamental, con freno sin precedentes por el Constitucional de una votación en las Cortes, quedaría en tormenta en un vaso de agua.

Homenaje y comida navideña

Para llegar hasta aquí, al pleno extraordinario convocado este martes en la sesión ordinaria que reunió ayer a los integrantes del CGPJ -los cuales se dieron una tregua con el homenaje a Victoria Cinto, la vocal vasca fallecida este año, y la tradicional comida navideña-, ha sido preciso que se inviertan los papeles y las estrategias entre los dos sectores hoy enfrentados. Hasta que el Gobierno sorprendió a casi todos promoviendo la reforma del Poder Judicial y del TC vía enmiendas colgadas de la derogación del delito de sedición y de la rebaja de la malversación, los conservadores habían remoloneado para evitar renovar el Constitucional, lo que suponía incumplir tanto el mandato de la Carta Magna como el promovido en verano por el Ejecutivo en las Cortes con otro regate legislativo. Y eran los progresistas los que apretaban apostando todo a la candidatura de José Manuel Bandrés.

Tras el carrusel de acontecimientos de la dos últimas semanas, ahora son los primeros los que quieren actualizar el TC, mientras los segundos parecen aguardar a la reforma del Gobierno suspendida por la corte de garantías; una espera motivada por la constatación de que los conservadores vetan a Bandrés, al que ven como afín al Gobierno y al magistrado y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, que aspira a presidir el Constitucional. De hecho, el bloque mayoritario ya intentó en la primera votación de este pasado martes apartar de la misma a la vocal Clara Martínez de Careaga, esposa de Conde-Pumpido, por interés personal. Los conservadores juegan ahora la baza de la candidatura de Segoviano, magistrada progresista de acreditada trayectoria ya retirada, la primera mujer en presidir una sala del Supremo y feminista de primera hora.