Casado moviliza al PP europeo en su pulso con Sánchez en la crisis del Poder Judicial
El Gobierno redobla la presión para que los populares levanten el bloqueo y avisa de que no cumplir con la ley es "antidemocrático".
Pablo Casado siempre ha tenido muy claro que el kilómetro cero de España se ubica en Bruselas, de ahí que siempre aproveche la mínima oportunidad de marcar perfil y usar la fortaleza de su partido a nivel comunitario como palanca en contra de Pedro Sánchez -otro líder, por cierto, con un europeísmo muy arraigado-. El presidente del PP se rodeo hoy en Berlín de los grandes líderes de la familia conservadora en la Unión Europea para advertir al presidente del Gobierno de que "no hay marcha atrás", que es él quien "tiene que mover ficha" para acabar con un bloqueo del Consejo General del Poder Judicial que supera con creces los mil días. "Nos sentimos respaldados por Europa sobre nuestras peticiones de reforzamiento de la independencia judicial", zanjó.
Lo hizo desde Berlín, donde participó en un acto de homenaje y despedida que los máximos representantes del PP europeo brindaron a Angela Merkel, la eterna canciller que se despedirá del cargo tras las elecciones alemanas del 26 de septiembre. "Para renovar el CGPJ hay respetar lo que pide Europa, la Comisión de Venecia, la Constitución y los jueces, que es lo mismo que pide el PP. Si cumple con que los jueces elijan a los jueces -subrayó- podemos renovar los órganos constitucionales de inmediato".
Casado arremetió con dureza contra Sánchez después de que éste, le acusara el día anterior de situarse fuera de la Constitución. "El insumiso constitucional es él por no respetar las decisiones del Tribunal Supremo, pactar con EH Bildu y con partidos que quieren la destrucción de España con la independencia de Cataluña», aseveró. El líder de los populares no entiende como al presidente «no se le cae la «cara de vergüenza teniendo lo que tiene en el Gobierno".
De Berlín a Madrid
Pero el Gobierno no está dispuesto a dar su brazo a torcer. La ministra de Justicia, Pilar Llop, insistió en exigir al principal partido de la oposición que tenga "sentido de Estado" para que «levante el bloqueo» y se avenga a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con las reglas vigentes porque es la "única opción". El Ejecutivo descarta ahora, y más adelante, la reforma legislativa que exigen los conservadores y limitan las posibilidades de llegar a un acuerdo a que el PP "cumpla la ley".
La ministra aprovechó su intervención en la comisión de Justicia del Congreso para mostrar su "preocupación" por los diferentes órganos constitucionales cuyos mandatos han expirado. No sólo el Poder Judicial, también el Tribunal Constitucional, el de Cuentas o el Defensor del Pueblo. "Debemos cuidar el sistema democrático, no podemos permitir el deterioro institucional que generan las conductas partidistas", censuró.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el negociador en jefe del Ejecutivo, cifró en días la "anormalidad institucional" que vive España fruto, en su opinión, de una "estrategia política irresponsable" que impide renovar esos órganos. Recordó que el tribunal fiscalizador lleva 49 días con mandatos caducados, los magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Congreso, 673 días; mientras que el Poder Judicial alcanza ya los 1.011 días, casi tres años y el Defensor del Pueblo, 1.513 días, más de cuatro años.
Un bloqueo "incomprensible e injusto", denunció Bolaños, que acusó al PP de estar "socavando" uno de los fundamentos del sistema democrático. "La labor de oposición es legítima y necesaria -alertó-, pero debe enfocarse al control del Gobierno, no contra la salud de las instituciones".
En este sentido, y al igual que ya hiciera este miércoles Sánchez, el sucesor de Carmen Calvo advirtió de que quién bloquea el funcionamiento de los órganos constitucionales se sitúa "fuera de la Constitución" y en una actitud "profundamente antidemocrática". El ministro, que como Llop desfiló también por la Cámara baja, volvió a tender la mano al PP para que cumpla "la Constitución y la ley". No hacerlo, afirmó, es "inaceptable", además de "perjudicial" para el Estado de Derecho.
