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España llama a consultas a la embajadora en Nicaragua tras las "graves acusaciones" del presidente Ortega
El Ejecutivo de Managua respondió a las criticas españolas por sus presiones contra la oposición recordando la época de las GAL y responsabilizando a España de "crímenes de lesa humanidad".
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó este miércoles a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida el día anterior por el Gobierno nicaragüense con «graves e infundadas acusaciones» contra España y sus instituciones. En ella se acusaba a España de "entrometerse" en los asuntos del país para luego ir mucho más lejos y, rememorando los GAL, incluso acusarla de "crímenes de lesa humanidad".
En los últimos días, Estados Unidos, España y la Unión Europea (UE) han criticado las medidas que está tomando el Gobierno de Daniel Ortega para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, a las que el presidente también concurre buscando la reelección. A juicio de Washington, Madrid y Bruselas, dichas medidas eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados.
En una nota dirigida al Ministerio de Exteriores español remitida el pasado martes, la Cancillería de Nicaragua lamenta y condena «la inadmisible intromisión del Gobierno del Reino de España en los asuntos internos que solo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo». Pero en el comunicado, el Ejecutivo de Ortega iba varios pasos más allá y reprochaba a España «sus graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente 'socialista', don Felipe González, creó los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados».
32 opositores detenidos
El Gobierno español rechazó este miércoles «de manera tajante» el contenido de la nota y exigió al Estado de Nicaragua que «cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política». Desde el pasado mes de mayo, ya son 32 los líderes y candidatos de la oposición detenidos por orden del Ejecutivo de Ortega y acusados de traición a la patria.
