malos tratos
Denuncian al Defensor del Pueblo los "obstáculos y demoras" para que mujeres migrantes accedan al aborto en Madrid
Ha sido presentada por las organizaciones Women's Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos
Las organizaciones Women's Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar los casos de seis mujeres en situación administrativa irregular que sufrieron "obstáculos y demoras" en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros de salud pública de la Comunidad de Madrid.
La queja ha sido presentada en colaboración con Médicos del Mundo de Madrid y Centro de Atención Integral a Mujeres Concepción Arenal, han denunciado estos seis casos, relacionados mujeres que, según recalcan, "se encontraban en situación de vulnerabilidad": algunas de ellas eran víctimas de trata y de explotación sexual.
Las organizaciones han asegurado que las mujeres migrantes que quieren acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública de la región se enfrentan a una serie de obstáculos derivados de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2018, que restringe el acceso a la sanidad para personas migrantes que no tienen permiso de residencia.
Según Women's Link y la Comisión, la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley Orgánica 2/2010), el acceso al aborto debe estar garantizado para todas las mujeres, sin discriminación por nacionalidad ni obstáculos o demoras injustificadas.
Sin embargo, han destacado que los requisitos que el decreto ley establece para las mujeres migrantes "se convierten en graves obstáculos en el acceso al aborto y provocan retrasos que pueden hacer que las mujeres se salgan de los plazos establecidos por la ley de interrupción del embarazo".
En uno de los casos presentados en la queja, una mujer de origen nigeriano, embarazada de 9 semanas y víctima de trata, tuvo que reclamar durante 15 días que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permitiera acceder a la sanidad pública. Cuando obtuvo el documento, tenía 11 semanas de embarazo, cerca del límite de 14 semanas establecido por la ley para poder interrumpir el embarazo libremente.
"En todo el mundo, las mujeres migrantes se enfrentan a serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y, en concreto, a la salud sexual y reproductiva. España no es una excepción", ha apuntado explica Estefanny Molina, abogada de Women's Link.
