El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemon, en Bruselas desde el pasado 31 de octubre, abandonó hoy por primera vez la seguridad jurídica de Bélgica, donde ya no estaba sujeto a una petición de extradición de las autoridades españolas, y puso rumbo a un escenario de incertidumbre penal en Dinamarca.

El cabeza de lista de Junts Per Catalunya en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre se presentó en torno a las 06.00 hora local (05.00 GMT) en el aeropuerto de Bruselas-Charleroi, a unos 50 kilómetros al norte de la capital belga, para tomar un vuelo de la compañía de bajo coste Ryanair con destino a Copenhague.

La justicia española atribuye delitos de rebelión, sedición y malversación de cargos públicos a Puigdemont y a los otros cuatro exconsejeros y diputados autonómicos que le acompañan en Bruselas (Clara Ponsatí y Lluís Puig, de JxCat, así como Antoni Comín y Meritxell Serret, de ERC), si bien estos no han viajado con él a Dinamarca.

Las autoridades judiciales les consideran parte de la dirección del proceso secesionista en Cataluña que terminó con la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre y por el que están siendo investigados, entre otros, todos los consejeros autonómicos del que fuera el Gobierno de Puigdemont.

En el vuelo de Bélgica a Copenhague de una hora y media de duración sí viajó junto al expresidente catalán, según pudo constatar Efe, el empresario Josep María Matamala, que le acompaña durante su estancia en Bruselas.

El entorno del que fuera 130 presidente de la Generalitat había anunciado el viernes pasado que Puigdemont viajaría a la capital danesa para participar el lunes en un debate en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague con el título "¿Cataluña y Europa, en una encrucijada por la democracia?".

Puigdemont, que aspira a revalidar como presidente de la Generalitat apoyado por la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña, se quedará en Dinamarca al menos hasta el martes.

Ese día participará en una reunión con diputados daneses en la sede del Parlamento del país nórdico, un encuentro impulsado por Magni Arge, miembro de una formación independentista del territorio autónomo de las Islas Feroe, y en la que no participarán diputados de la coalición de Gobierno.

Tras confirmarse el vuelo fuera de Bélgica de Puigdemont, el Gobierno de España puso a disposición de la Fiscalía española toda la información que tiene el Ejecutivo sobre la situación del político.

La Fiscalía española pidió hoy al Tribunal Supremo que curse la orden europea de detención del expresidente, como ya había anunciado que haría si este se desplazaba a Dinamarca.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, la solicitud de detención se ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado del caso, y está dirigida solo a Dinamarca.

El juez Pablo Llarena, quien al asumir el caso que antes estaba en manos de la Audiencia Nacional, el pasado 5 de diciembre decidió retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se encuentran con él en Bruselas.

El magistrado retiró también las órdenes de búsqueda y captura internacional contra ellos, pero mantuvo la advertencia de arrestarlos en cuanto entren en España.

Llarena consideró que se debían retirar las órdenes europeas porque podrían condicionar la evolución de la investigación y porque solo podrían ser juzgados por los delitos reconocidos por el código penal del país de entrega, circunstancia injusta en relación con el resto de imputados en España, que no contarían con esa limitación.

Si Puigdemont tomara la decisión de regresar a España sería inmediatamente detenido al pesar sobre él los cargos que el Tribunal Supremo le imputa, algo que dificulta una posible investidura como nuevo presidente regional de Cataluña.