El año 2018 viene marcado por el debate sobre la financiación autonómica, con posiciones enfrentadas. Las regiones perjudicadas exigen que se afronte de una vez y a fondo. Sólo faltó el pacto con el PNV sobre el cupo por el que el Gobierno entregaría 1.400 millones de euros. Asombrados estaban los expertos de la comisión que se formó para reformar la financiación autonómica. Difícil combinar el cupo con un modelo de financiación que garantice la igualdad entre comunidades. Ellos no se explican la situación de las haciendas forales, "con plena capacidad fiscal y nula aportación solidaria". Entienden que las diputaciones vascas están "sobrefinanciadas".

Es evidente que las diferencias entre estatutos no pueden implicar privilegios económicos. La solidaridad debería ser un principio básico del sistema. Desgraciadamente no es así y en muchas posiciones se transmite un sentimiento egoísta que no tiene en cuenta en absoluto ni las personas ni los territorios que dentro del conjunto necesitan un mayor apoyo. La oposición a eso la comparten tanto el PP como el PSOE en Aragón y en otras comunidades como Galicia, Castilla-León o Asturias. En esos territorios tanto el PP como el PSOE defienden que la base del nuevo modelo debe ser el coste real de las prestaciones de los servicios, frente al criterio de población, la opción elegida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en la última reforma, la de 2009. El argumento es bien claro: son comunidades con gran dispersión geográfica y más afectadas por el envejecimiento de la población.

Tras el informe de la comisión de expertos, corresponde ahora a las comunidades la defensa de sus propuestas. Las más ricas se consideran perjudicadas por aportar al sistema más de lo que reciben. Entre estas se encontrarían Madrid, Baleares, Valencia y Cataluña, aunque esta última no participa ahora en la negociación. En el otro extremo están las que tienen menor renta y una situación poblacional muy difícil. Defienden también una armonización impositiva para evitar las diferencias que generan una competencia fiscal autonómica negativa. En el caso de Aragón no se evitaría el principal perjuicio, al tener al lado a Navarra y País Vasco que seguirían con su régimen especial.