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Referéndum Cataluña

Puigdemont y Colau encuentran la fórmula para poder votar en Barcelona

La alcaldesa ha llegado a un acuerdo con el 'Govern' para facilitar la participación, del que aún no se han dado a conocer los detalles.

Efe. Barcelona Actualizada 14/09/2017 a las 21:39
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una foto de archivo.Efe

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han anunciado que han encontrado la fórmula para que en Barcelona se pueda votar el 1 de octubre "sin poner en riesgo" al consistorio y a los funcionarios municipales.

En la jornada en la que los independentistas han iniciado su campaña con un acto unitario en Tarragona, la Fiscalía se ha querellado contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, y los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

Paralelamente, la dirección de Correos ha pedido a sus empleados en Cataluña que no admitan envíos relacionados con el referéndum y la Generalitat ha anunciado que dejará de enviar al Gobierno el informe semanal sobre sus gastos.

La participación en Barcelona era una de las incógnitas que permanecían sin aclarar, después de que Ada Colau evitara dar una respuesta inmediata a Puigdemont, que solicitó los colegios electorales para la votación, y pidiera al Govern garantías de seguridad a los funcionarios y a la institución.

Tras varios días de negociaciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento sobre el 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, Colau ha anunciado en Twitter que finalmente se ha encontrado una solución, aunque no ha detallado cuál.

"Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona el 1 de octubre se podrá participar sin poner en riesgo la institución ni los servidores públicos", ha escrito.

Poco después, en una visita al semanario El Vallenc en Valls (Tarragona), Puigdemont ha dicho: "Estoy muy contento por el acuerdo, el entendimiento que tenemos con la ciudad de Barcelona, para poder hacer posible una aspiración que compartíamos".

"Hemos encontrado la manera de hacerlo, cada uno preservando lo que tenía que preservar: instituciones, funcionarios, pero sobre todo preservando también un derecho básico, que es que la gente de Barcelona finalmente podrá votar con normalidad", ha afirmado.

En cambio, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha afirmado que "si ha habido acuerdo" para facilitar el 1-O éste ha sido entre partidos "favorables a una movilización" y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, ya que éste no facilitará "ni locales ni medios" para la votación.

Collboni ha advertido de que lo comunicado por Colau "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido", y ha subrayado que el consistorio barcelonés no incumplirá la legalidad y hará caso del informe del secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.

El secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado en un informe que Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias "penales".

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ya ha advertido de que su formación trasladará a la Fiscalía los acuerdos que hayan alcanzado el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat que puedan facilitar el "referéndum ilegal" del 1-O.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido a los alcaldes catalanes que no pongan recursos públicos "al servicio de una ilegalidad" facilitando actos en favor del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el PSC ha presentado ante la Fiscalía las amenazas de muerte e insultos recibidos por el alcalde Bagà (Barcelona), Nicolás Viso, por su postura en contra del 1-O, y los socialistas recopilan otros casos de amenazas a ediles en varias localidades.

La Fiscalía ha presentado una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover y organizar el referéndum del 1-O, a través de los alcaldes.

Tras conocer la noticia, Lloveras ha afirmado que "esto evidencia que hay un Estado en decadencia y sin valores democráticos".

La Fiscalía de Barcelona, además, ha presentado una querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña que fueron designados por el Parlament para ejercer funciones análogas a las de una Junta Electoral en el referéndum del 1-O.

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha enviado una carta al Ministerio de Hacienda en la que informa de que la Generalitat dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo hará el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el referéndum del 1 de octubre.

El Consejo de Ministros, en respuesta a este anuncio, adoptará mañana nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la celebración del referéndum.





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