El fiscal pide solo cuatro años de prisión para un acusado de matar a su mujer de un manotazo durante una discusión en Madrid en 2012 al considerar que fue un homicidio por imprudencia, pese a que el hombre arrojó el cadáver a un contenedor de basura, vació la cuenta de la mujer y simuló que estaba viva.

Un jurado popular juzgará desde el lunes en la Audiencia Provincial de Madrid a Edwin O.C., acusado por el representante del Ministerio Público de delito de maltrato en el ámbito familiar en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente.

Una calificación que implica un castigo máximo de cuatro años para un hombre que, según el escrito de acusación del fiscal, había maltratado previamente a la víctima y, tras su muerte, llegó a utilizar su teléfono para simular que estaba viva.

Ambos vivían en un piso de Madrid y tenían dos hijas en común que residían en aquel entonces en Bolivia, pero habían iniciado los trámites para solicitar su entrada en España.

Durante el tiempo que vivieron juntos, la víctima interpuso dos denuncias contra su marido por agresiones, pero, a pesar de ello, decidió seguir viviendo con él "con el único deseo de no impedir su consentimiento-autorización para seguir adelante con el proceso de reagrupación familiar".

El 11 de junio de 2012 se produjo una discusión en el domicilio, en el transcurso de la cual Edwin "con el ánimo de quitarse de encima" a su mujer, le propinó un manotazo que le hizo caer al suelo y golpearse de la cabeza.

Debido a este golpe, la víctima comenzó a sangrar abundantemente, "quedando inconsciente, lo que motivó que, instantes después dejara de respirar y falleciera".

El acusado, "consciente" de que su mujer había fallecido y "temeroso" de lo que le pudiera ocurrir, se deshizo del cadáver, al que metió en una bolsa de plástico y arrojó a un contenedor de basura próximo a la vivienda familiar. El cuerpo de la víctima aún no ha aparecido.

En los días posteriores, el procesado realizó actuaciones tendentes a fingir que su mujer seguía viva como enviar mensajes desde el móvil de ella. En uno de ellos comunicó a una de sus empleadoras que había regresado a Bolivia.

También acudió al banco y presentó un poder notarial "con apariencia de legalidad" en el que supuestamente su esposa le autorizaba a retirar 24.132,43 euros, un hecho que se investiga en otro juzgado.

Meses más tarde, el 3 de febrero de 2013, y por encargo de los padres de la fallecida, la policía inició una investigación que se saldó con la detención del acusado dos años y medio más tarde de que se cometiera el crimen, el 28 de julio de 2015.

Con posterioridad al crimen, el acusado tramitó y consiguió la nacionalidad, pero, al haber presentado documentos que simulaban la intervención de su esposa, también será investigado por falsedad documental.

Lleva en prisión desde julio de 2015, casi la mitad del tiempo máximo al que sería condenado, si bien la Fiscalía también pide que se le prohíba acercarse a sus hijas en un tiempo de cinco años y que las indemnice con 180.000 euros a cada una de ellas y con 35.000 a cada uno de los padres de la víctima.