Mas invoca los derechos constitucionales para recurrir su condena por el 9N

El expresidente catalán Artur Mas invoca los derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en recurso que presentará ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por la consulta del 9N de 2014.

Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau -también inhabilitadas por el 9N- han anunciado que recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se les absuelva de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Los recursos de los encausados se suman al que la Fiscalía Superior de Cataluña anunció el pasado viernes que presentaría para que el Supremo condene a Mas, Ortega y Rigau también por el delito de prevaricación del que fueron absueltos, por el que el ministerio público les solicitaba hasta ocho años de inhabilitación.

Vulneración constitucional

En sus escritos para anunciar sus recursos de casación, los encausados alegan que en sus condenas por el 9N se han vulnerado hasta cinco preceptos constitucionales, entre ellos los de libertad ideológica y de expresión y el que reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Mas, Ortega y Rigau han asistido como invitados a la reunión del Govern, que les ha expresado su solidaridad y les ha propuesto "hacer pedagogía" sobre el referéndum fuera de Cataluña.

Por su lado, el TSJC ha confirmado su decisión de investigar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por incurrir en "arbitrariedad" y en una "infracción intencionada, patente y clamorosa" de las competencias del Estado, al haber permitido votar las resoluciones del referéndum.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prevé impulsar su presencia en Cataluña con dos viajes en los próximos días: el domingo a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para asistir a la clausura del Congreso del PPC, y el martes que viene a Barcelona, para participar en un acto con empresarios centrado en el ámbito de las infraestructuras.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha expresado sus recelos ante posibles novedades en infraestructuras por parte de Rajoy: "Contra más potente sea el anuncio más lo será el incumplimiento", ha dicho.

En ese contexto, el Govern ha visto cómo su proyecto presupuestario para 2017 quedaba encarrilado para que pueda ser aprobado por el Parlament, con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y de una CUP que, no obstante, le ha urgido a fijar la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia de Cataluña.

No ha habido sorpresas en la primera jornada del pleno del Parlament, que se ha iniciado con el debate final sobre los presupuestos, en el que la oposición ha cargado contra JxSí por mantener la disposición adicional que alude al referéndum y que el Consejo de Garantías Estatutarias ve inconstitucional.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha confirmado que su grupo facilitará la aprobación definitiva de los presupuestos, pero ha advertido de que se trata de un "sí" condicional para "dar vía libre al referéndum" y con "fecha de caducidad" de septiembre de este año, ya que el "contenido social" no convence a los anticapitalistas.

Este apoyo "condicional" se traducirá en dos votos a favor y 8 abstenciones en la votación de mañana por la mañana, según ha explicado Reguant, que ha denunciado "los chantajes" del Govern y lo ha emplazado a poner ya fecha al referéndum, previsto como muy tarde para principios de otoño, y a definir la pregunta.

Tanto Reguant desde la tribuna de oradores como el resto de diputados de la CUP desde sus escaños han exhibido un modelo de papeleta de un eventual referéndum con la pregunta "¿Quiere que Cataluña se convierta en una República independiente?", en catalán y aranés, con la opción de responder "sí" o "no".

Ciudadanos, el PSC y el PPC ya se habían mostrado dispuestos a llevar la disposición sobre el referéndum al Tribunal Constitucional (TC), si bien Alejandro Fernández ha dicho esta mañana que lo más "eficaz" será que el Gobierno del Estado presente recurso porque así se paralizará automáticamente la mencionada disposición.