España registró en 2016 unos 500 incidentes o hechos relacionados con delitos de odio racial, xenófobo o de otra intolerancia criminal, según el informe realizado anualmente por Movimiento contra la Intolerancia.

El informe Raxen busca monitorizar anualmente incidentes o hechos relativos al racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobia y otras formas de intolerancia.

Los resultados del informe revelan que "persisten signos inquietantes" e incidentes en todas las comunidades autónomas: en la Comunidad Valenciana 93 incidencias, en Madrid 72, Cataluña 58, Andalucía 57, Castilla-León 31, Aragón 27, y Baleares, Murcia, Euskadi y Navarra con más de 20.

El diagnóstico del informe es claro: aumenta la presencia del "discurso de odio" (Hate Speech) en internet y redes sociales y siguen produciéndose, además, numerosas agresiones por individuos racistas o grupos neonazis contra inmigrantes, musulmanes, homosexuales y otros ciudadanos señalados por su diversidad.

Crecen socialmente también los incidentes de xenofobia y de otras manifestaciones de intolerancia frente a inmigrantes, gitanos y otras personas con diversidad religiosa y social. Se estiman en entre 4.000 y 6.500.

Movimiento contra la Intolerancia afirma también que hay grupos xenófobos en las ciudades que ocupan edificios y usan "el hambre y los alimentos" para agitar contra los inmigrantes, musulmanes y la convivencia democrática.

"Los fondos ultras de los campos de fútbol continúan siendo un vivero de grupos racistas y neonazis. Muchas de las agresiones violentas y enfrentamientos se producen en sus aledaños", según la ong.

El mensaje del populismo xenófobo y de las organizaciones extremistas europeas es difundido, según la organización, por ultraderecha española a través de campañas, reuniones y mensajes por internet y redes.

Ante esta situación, llama la atención a las instituciones para que sean más proactivas y traslada su inquietud por la "insuficiente" actividad al respecto.

Reclama, pues, a ayuntamientos y comunidades autónomas e instituciones próximas a los ciudadanos un mayor compromiso, y al Gobierno y al Parlamento, les recuerda la necesidad de un plan de acción y una legislación integral, además de estimular las denuncias y concretar su apoyo a las víctimas.

También le reclama que se proceda al cierre de sitios en internet que promuevan estos discursos. Este informe se inició en 1995, a raíz de las agresiones y asesinatos protagonizados por grupos neonazis y racistas.