El juez que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha procesado a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y al empresario Enrique Ortiz por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada.

Según han confirmado  fuentes judiciales, la resolución, que debe ser notificada a las partes este martes, da por cerrada la instrucción de esta causa más de ocho años después de iniciarse, en el marco de la operación Brugal.

La del PGOU es la única pieza derivada de ese sumario en la que se halla investigada (figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado) la exalcadesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la rama referida al Plan Rabasa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras concluir que existen indicios de que Alperi y Castedo favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU de la ciudad.