El PP quiere cambiar la ley para proteger a los mendigos de los delitos de odio

El PP quiere cambiar la ley para proteger a las personas sin hogar de los delitos de odio y que se tomen medidas para concienciar a los ciudadanos de este tipo de conductas delictivas, ayudarles a identificarlas y animarles a denunciarlas de manera que ninguna agresión quede sin respuesta penal. Con este objetivo el grupo parlamentario que dirige Rafael Hernando ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Interior del Congreso.

La iniciativa insta, en concreto, al Ejecutivo a "abordar la reforma legislativa necesaria para incluir a las personas sin hogar dentro del marco de protección penal" ya establecido para otros colectivos, que son víctima de este tipo de delitos.

Esta modalidad delictiva viene motivada por el odio y la discriminación y tiene su origen en prejuicios basados en la discapacidad, la raza, el país de procedencia, la religión, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social y cualquier otra circunstancia o condición social o personal.

Según los datos aportados por el Ministerio del Interior en España se producen cerca de cuatro delitos de odio al día. Durante el año 2015 las Fuerzas de Seguridad detectaron 1.324 casos, lo que supone un 13% más que en el año anterior.

Con su proposición no de ley, el PP anima al Gobierno a continuar implicándose en el combate de estos delitos, manteniendo las campañas de concienciación con el fin de que ninguno se quede sin denunciar. En este sentido, pide medidas para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de cualquier indicio delictivo, de manera que se puedan actuar los protocolos de actuación previstos.

También plantea que se haga una encuesta entre las personas afectadas por estos delitos, para incrementar el conocimiento sobre este fenómeno y mejorar la atención a las víctimas por parte de las Fuerzas de Seguridad.

Otra de las medidas por las que aboga el PP es la creación de una Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, dentro del Ministerio del Interior que sirva de enlace permanente a los colectivos de víctimas con el Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad y coordine la formación de estas últimas en esta materia.

También demanda la puesta en marcha de un plan integral contra estos delitos, orientado a la prevención en aquellos ámbitos sociales donde se producen estos hechos y centrado especialmente en las víctimas.

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pretende que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy estudie la conveniencia de reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen delimitando su contenido y adaptándola al auge del uso de las tecnologías y, singularmente, de las redes sociales.

En su iniciativa, los 'populares' constatan que la citada norma, que data de 1982, es una de las que "más trascendencia práctica" ha tenido en lo que a los derechos fundamentales de los ciudadanos se refiere, pero entienden que, pasados más de 30 años, resulta necesario regular "con una mayor precisión" estos derechos, puesto que, tal y como establece la ley, vienen determinados por las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad y por el propio concepto que cada persona tenga sobre los mismos. 

El PP considera que la "relatividad" que caracteriza a estos derechos dificulta la delimitación conceptual sobre qué ha de entenderse por honor, intimidad y propia imagen, por lo que pretende otorgarles "la oportuna protección o tutela en el ámbito civil" con el fin de evitar el "amplio margen de discrecionalidad" que existe a la hora de aplicar la Ley.

Según subraya, la "alta litigiosidad" entre los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y otros derechos constitucionalmente protegidos como la libertad de información y la libertad de expresión evidencia "la indefinición, la falta de complitud y la flexibilidad" de esta norma.

Es por ello que el PP pretende reforzar la protección de los llamados derechos de la personalidad, sobre todo ante la creciente presencia de las nuevas tecnologías, que permiten la obtención y la difusión de información de una manera "insólita" y que pone "en especial peligro" ámbitos reservados de la vida privada.

Como ejemplo, los 'populares' citan "la frecuente vulneración del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen que se articula con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares".